EFE).- Las Farc aceptaron los protocolos para la liberación de diez policías y militares que mantiene secuestrados, pero la condicionó a que el Gobierno colombiano permita que el Grupo Mujeres por la Paz visite a guerrilleros presos en el país andino.
“Manifestamos nuestro acuerdo con los ítems del protocolo de seguridad. Sólo hace falta que el presidente Juan Manuel Santos permita la visita humanitaria proyectada por Mujeres del Mundo por la Paz a los prisioneros políticos y de guerra en los centros de reclusión del país”, señala un comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) colgado hoy en su página web.
Aunque las Farc no dan fechas, la víspera la exlegisladora Córdoba aseguró que el próximo 3 de abril es la fecha límite para que estén en libertad los últimos uniformados que los rebeldes mantienen en condición de rehenes.
El lunes pasado el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) había expresado su confianza en que las Farc se pronunciarían en breve sobre el protocolo de seguridad para la liberación aprobado por los gobiernos de Colombia y Brasil, ese grupo mediador y el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr).
El pasado 26 de febrero el llamado Secretariado de las Farc anunció que había decidido liberar a los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcia, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza.
A ellos se suman los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina.
Lea el comunicado a continuación:
1. Informamos al grupo de Mujeres del Mundo por la Paz coordinado por Piedad Córdoba, y a la organización Asfamipaz, que estamos listos para iniciar el proceso de liberación, en dos jornadas, de 10 prisioneros de guerra en nuestro poder.2. Manifestamos nuestro acuerdo con los ítems del protocolo de seguridad. Sólo hace falta que el presidente Juan Manuel Santos permita la visita humanitaria proyectada por Mujeres del Mundo por la Paz a los prisioneros políticos y de guerra en los centros de reclusión del país. Es un contrasentido que el gobierno de Colombia niegue la existencia de estos solo para obstruir dicha visita, cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, atendiendo un derecho de petición, acaba de reconocer la existencia de 15.000 prisioneros políticos. Esta es una realidad inocultable en un país que sigue atravesando décadas de conflicto armado.Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, marzo de 16 de 2012.
