El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), perteneciente a la FAO, aprobó hoy unas recomendaciones dirigidas a los gobiernos para que garanticen el acceso de las personas a los recursos naturales y eviten la adquisición a gran escala de tierras de cultivo, con el fin de combatir la pobreza.
El CSA, un órgano intergubernamental de la FAO que se encarga del examen y seguimiento de las políticas sobre seguridad alimentaria, aprobó las llamadas "directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional".
El objetivo de estas directrices es fomentar una legislación que favorezca los derechos de las personas sobre la tierra, la pesca y los bosques, según una nota emitida hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
"Dar a las personas pobres y vulnerables derechos seguros y equitativos de acceso a la tierra y a otros recursos naturales es una condición clave contra el hambre y la pobreza", dijo el director general de la FAO, José Graziano da Silva.
Las recomendaciones del CSA son para este responsable "un punto de partida que ayudará a mejorar la situación, a menudo desesperada, de las víctimas del hambre y la pobreza", que se cuentan por millones, muchas veces amenazadas por la adquisición de tierras a gran escala o por la sobreexplotación de recursos naturales por empresas y gobiernos.
El texto intenta promover que los sectores público y privado recurran a modelos alternativos a la adquisición de tierras a gran escala y que sus inversiones salvaguarden los derechos humanos, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.
Se trata de que sus inversiones generen "beneficios para el país y sus habitantes, incluyendo los más pobres y más vulnerables", afirmó Graziano da Silva.
"Estos cambios no se van a producir de la noche al día. Pero también sabemos que existe una significativa identificación y respaldo a las directrices", dijo el director del CSA, Yaya Olaniran, que explicó que ahora corresponde a los países que aprobaron las directrices ponerlas en práctica sobre el terreno.
Este último acuerdo del CSA es el resultado de tres años de negociaciones entre países, sector privado, agricultores y sociedad civil.
EFE
