La portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, pidió hoy al Gobierno español que durante la Cumbre Iberoamericana que se celebra desde mañana en Cádiz exija a las autoridades de Venezuela que cooperen con la justicia y dejen de proteger a los etarras en su país.
La hermana del concejal del Partido Popular vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, así lo señaló a los medios de comunicación tras comparecer hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para explicarle los detalles de la entrevista que mantuvo con un militar en una cárcel de Venezuela en la que le aportó datos sobre los vínculos de ETA y las FARC.
Ordóñez dijo que espera que el Gobierno español de prioridad a la exigencia de justicia para las víctimas frente a los negocios comerciales que pueda estar en estos momentos llegando a cerrar" con Venezuela.
El caso de Venezuela es "gravísimo", dijo Ordóñez, que recordó que hay al menos 50 etarras "protegidos", que "campan a sus anchas, que tienen altos cargos en el Gobierno venezolano y que son grandes empresarios".
En este sentido, reclamó al Ejecutivo español que durante la Cumbre Iberoamericana que desde mañana se celebra en Cádiz, exija al representante venezolano "cooperación con la justicia".
"Para nosotros es objetivo prioritario, principal, no vamos a descansar en todo aquello que suponga denunciar y exigir el esclarecimiento de los más de 326 atentados mortales de ETA que a día de hoy se encuentran en total impunidad", afirmó.
Covite ha incluido estas denuncias en una carta que el lunes remitió al embajador venezolano en Madrid, Bernardo Álvarez Herrera, en la que señala que esta asociación ha recabado "fuertes indicios y testimonios" sobre la actual presencia en este país de numerosos miembros de ETA implicados en atentados.
Asimismo, la misiva, que espera que también sea trasladada al vicepresidente venezolano en la cumbre de Cádiz, recuerda a las autoridades de este país los convenios internacionales que prohíben a los Estados conceder asilo a personas respecto de las que hay pruebas de su participación en delitos graves y crímenes de lesa humanidad.
Durante su comparecencia ante el juez Velasco, Ordóñez confirmó que el pasado 29 de octubre viajó a Caracas, donde se entrevistó en la cárcel con el militar Milton Revilla, quien le contó que mientras estuvo destinado en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia entre 2000 y 2003, presenció "el libre tráfico de material y de miembros de ETA -entre ellos el terrorista Arturo Cubillas- y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia".
De todo lo que presenció allí, Revilla levantó unos informes que, según le advirtió a la portavoz de Covite, podrían ser destruidos en un plazo de dos meses, ya que la legislación venezolana contempla un plazo de diez años para conservarlos que expira el próximo diciembre.
La Fiscalía también ha solicitado al juez, a instancias de la asociación, que curse una comisión rogatoria a Venezuela para que le aporten los informes que redactó dicho militar sobre los campamentos en los que varios etarras recibieron supuestamente instrucción sobre armamento y explosivos en la selva venezolana.
Velasco procesó por primera vez a Cubillas y otros miembros de ETA, en marzo de 2010 por intentar atentar contra altos cargos colombianos en España, en un auto en el que apuntaba indicios de la "cooperación" del Gobierno de Venezuela en la alianza entre ETA y las FARC.
Posteriormente, el juez reclamó en octubre de ese año por primera vez a Cubillas, que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), dependiente del gobierno de Hugo Chávez.
Un año después, en marzo de 2011, volvió a procesarle por integración en organización terrorista junto a los etarras Francisco Javier López Peña "Thierry" y Mikel Carrera Sarobe "Ata", al sostener que fueron estos dos los que le coordinaron en la formación e instrucción en el manejo de armamento y explosivos de miembros de ETA en campamentos instalados en la selva venezolana. EFE
