El mercado formal de armamento es el que termina siendo el proveedor de la delincuencia urbana, gracias a que ofrece unidades con precios reducidos y de escasa calidad a las que la delincuencia puede acceder, de acuerdo a un informe periodístico.
Pistolas importadas que no pasaron los requerimientos técnicos básicos, ingresaron legalmente a las armerías entre el 2007 y 2009, las mismas que son adquiridas directamente desde allí por el hampa, indica La República.
"El costo oscila entre 100 y 120 dólares”, señala el investigador Jaris Mujica, autor de Armas pequeñas en el crimen urbano: delitos, acceso y mercados ilegales de armas de fuego en Lima (PUCP, CLACSO), libro de reciente aparición.
Asimismo, en los últimos 25 años el Estado peruano otorgó alrededor de 300 mil licencias para portar armas de fuego, el problema es que la mitad de esas licencias, 150 mil, no se han renovado (la ley actual manda que la renovación sea anual). “Si no las tiene controladas el Estado, obviamente están en el mercado informal”, sostuvo.
Explicó que el grueso del universo del armamento ilegal se compone de unidades adquiridas legalmente en su momento. Algunas habrán sido robadas y otras revendidas por sus compradores originales.
Por su parte, el director de la Superintendencia de Control de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec, antes Dicscamec), general EP (r) Jorge Carcovich, en declaraciones a La República refirió que no le consta el ingreso del tipo de armamento aludido por Mujica.
Sin embargo, "sí admite que el gran surtidor de armas de fuego para la delincuencia urbana es el mercado formal".
Pistolas importadas que no pasaron los requerimientos técnicos básicos, ingresaron legalmente a las armerías entre el 2007 y 2009, las mismas que son adquiridas directamente desde allí por el hampa, indica La República.
"El costo oscila entre 100 y 120 dólares”, señala el investigador Jaris Mujica, autor de Armas pequeñas en el crimen urbano: delitos, acceso y mercados ilegales de armas de fuego en Lima (PUCP, CLACSO), libro de reciente aparición.
Asimismo, en los últimos 25 años el Estado peruano otorgó alrededor de 300 mil licencias para portar armas de fuego, el problema es que la mitad de esas licencias, 150 mil, no se han renovado (la ley actual manda que la renovación sea anual). “Si no las tiene controladas el Estado, obviamente están en el mercado informal”, sostuvo.
Explicó que el grueso del universo del armamento ilegal se compone de unidades adquiridas legalmente en su momento. Algunas habrán sido robadas y otras revendidas por sus compradores originales.
Por su parte, el director de la Superintendencia de Control de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec, antes Dicscamec), general EP (r) Jorge Carcovich, en declaraciones a La República refirió que no le consta el ingreso del tipo de armamento aludido por Mujica.
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