EFE).- Miles de personas marchan por las calles de Moscú y San Petersburgo para expresar su rechazo a la polémica ley que prohíbe a los estadounidenses adoptar niños rusos, aprobada en represalia por la decisión de Washington de sancionar a funcionarios rusos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Uno de los líderes de la oposición no parlamentaria que convocó la protesta, Serguéi Udaltsov, estimó que más de 30.000 personas recorren el centro de Moscú, mientras que la policía de la capital rusa rebajó este número a 7.000.
“Aquí ya hay mucho más que 20.000 personas. Según nuestros cálculos, entre 30.000 y 50.000″, aseguró Udaltsov a la agencia Interfax.
La mayoría de los manifestantes portan pancartas contra la denominada Ley de Dima Yákovlev, un bebé ruso adoptado por una familia estadounidense que se asfixió en un coche donde fue olvidado por su padre adoptivo, hecho que sirvió de pretexto a los diputados rusos para apoyar la denostada normativa.
Muchos enarbolan los retratos de los diputados que votaron a favor de lo que los manifestantes han denominado como Ley de los Huérfanos.
A la cabeza de una de las dos columnas que forman la manifestación marchan algunos de los líderes de la oposición no parlamentaria, con una gran pancarta que pide la disolución de la Duma (cámara baja del Parlamento ruso).
La marcha recorrerá el Bulevar Strastnói para concluir en la Avenida Sájarov, donde se celebrará un mitin.
Otras dos mil personas, según la oposición, participaron en un mitin en San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia.
La mayoría de los intelectuales, destacados periodistas y columnistas, organizaciones sociales y otros representantes activos de la sociedad civil rusa se han pronunciado en contra de una ley que, en su opinión, perjudica a los más débiles.
Hace tres días, el periódico opositor ruso “Nóvaya Gazeta” anunció que había reunido más de 100.000 firmas a favor de disolver la Duma en el marco de una campaña iniciada el 24 de diciembre pasado después de la aprobación de la ley.
Esta ley, que evidenció disensiones incluso en el seno del Gobierno, fue promulgada por el presidente ruso, Vladímir Putin, y entró en vigor el 1 de enero de este año.
La prohibición fue la respuesta rusa a un acta estadounidense aprobada recientemente que impone sanciones, como negación de visados y congelación de activos, a funcionarios rusos presuntamente implicados en la muerte en prisión del abogado ruso Serguéi Magnitski, en 2009
