La revisión de los resultados de una elección es un derecho consagrado por la legislación venezolana que puede ser solicitada por quienes sientan que cuentan con las razones para hacerlo. Y en toda elección, la institución que funge como árbitro tiene la potestad y la obligación de atender el reclamo correspondiente, conforme a las reglas establecidas para ello. El sistema democrático tiene, en esta posibilidad, un dato esencial de su funcionamiento.
En este sentido, los venezolanos debemos ver como normal el hecho de que el pasado jueves, en la noche, la Presidenta del CNE comunicara al país la decisión adoptada por el directorio de ese organismo de auditar el 46% de las cajas que contienen las papeletas de la votación del domingo 14 de abril, dando así respuesta a una solicitud formulada por el candidato Henrique Capriles.
Es menester destacar que, además del anterior, fueron admitidos por el CNE dos aspectos más, solicitados por el candidato Capriles: a) los registros por mesa de la autenticación biométrica de los electores y b) realizar la auditoría de no duplicidad de las huellas dactilares, asuntos ambos cuyo cumplimiento debe implementar el CNE. Es importante subrayar que la necesidad de que se atendieran las dudas sobre los resultados fue respaldada por diversos organismos internacionales, entre ellos la Unasur y la OEA.
Con respecto a la auditoría dirigida a comparar la suma manual de las papeletas con los resultados registrados en las actas en aquellas mesas donde no se realizaron las llamadas verificaciones ciudadanas, toca ahora llevar a cabo un trabajo laborioso y largo que supone contrastar cuadernos, actas y comprobantes de casi 18.000 mesas restantes, las que no fueron auditadas el día de la elección, trabajo que será realizado con la participación de los representantes de uno y otro candidato.
La atención a los distintos aspectos planteados al Poder Electoral debiera ayudar a disipar de raíz las dudas que se tengan respecto a los pasados comicios y resolver la crisis pos electoral contribuyendo, así, a que las aguas de la política venezolana tomen ahora un cauce mucho más sereno.
Y, a corto y mediano plazo, debiera representar una condición necesaria, aunque no suficiente, desde luego, para que el Presidente tenga la legitimidad imprescindible a fin de poder encarar las complejidades que implicará gobernar al país a lo largo del sexenio que recién ahora comienza.
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) aspira a que, tanto el CNE como los actores políticos involucrados, den una decisión inequívoca a los venezolanos, quienes, independientemente de sus preferencias políticas, aspiran a despejar, en paz y conforme a las reglas establecidas, sus interrogantes sobre los resultados electorales del domingo 14 de abril. En esa decisión – y en la manera como se tome – se juega mucho el país.
