El secretario de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió este viernes en un encuentro con la prensa internacional a presentar en el plazo de dos meses “la estadística del número real de desaparecidos” en México en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Osorio Chong precisó que la polémica cifra de más de 26.000 desaparecidos durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2011) desvelada hace unos meses se refiere en realidad a personas “no localizadas”, en muchos casos de gente huída de sus lugares de residencia por conflictos familiares o de otra índole. El secretario puso como ejemplo que en un Estado, que no nombró, “de 900 casos de supuestos desaparecidos ya habían sido localizados 700”, y aseguró que en la futura lista se consignarán el nombre y apellidos de las víctimas así como el lugar o circunstancias en que desaparecieron.
Los desaparecidos en la lucha contra el crimen organizado pesan como una losa sobre el juicio político que haga la historia sobre la presidencia de Calderón —ya existe una iniciativa en este sentido ante la Corte Penal Internacional en La Haya— y es causa de indignación para la sociedad civil mexicana. Recientemente un grupo de madres de desaparecidos mantuvo durante una semana una huelga de hambre en Ciudad de México para exigir que el Gobierno encuentre a sus hijos. Abandonaron el ayuno tras ser recibidas por las autoridades federales.
El secretario de Gobernación expuso este drama como un ejemplo más de la falta de coordinación entre las diferentes instancias de Gobierno de la anterior Administración.”No existía una base de datos de desaparecidos como tal. Muchos de los muertos habidos en enfrentamientos entre los carteles iban a la fosa común sin identificar”, afirmó.
Osorio Chong subrayó que es precisamente esa coordinación —de la Procuraduría General de la República, Ejército, Marina, cuerpos de policía y servicios de inteligencia— bajo un mando único lo que realmente hace diferente la política de seguridad del Gobierno del PRI de la aplicada por el anterior. “Calderón”, dijo “tenía un alto compromiso con la seguridad pero a bajos niveles había conflictos y descoordinación”. Puso como ejemplo que, de 105.000 detenidos durante el anterior sexenio, solo 3.000 están actualmente sujetos a proceso o cumpliendo condena por falta de pruebas, “al no acompañar la fiscalía a las fuerzas de seguridad en la investigación de los casos”. Ahora, señaló, el Gobierno federal se reúne mensualmente con los gobernadores de las cinco zonas de seguridad en que se ha dividido el país para desarrollar una política común.
Además de la coordinación, el secretario señaló que otra diferencia estriba en la distinta manera en que son ahora presentados los detenidos por delincuencia organizada. “Ya no se les presenta en televisión por cada institución que los capturaba ni se les convierte en héroes nacionales. Así se violaba el debido proceso y había luego que ponerlos en libertad”. Osorio Chong afirmó que en estos casi seis meses de Gobierno han sido “abatidos más de 50 importantes objetivos”.
En cuanto a los resultados de la nueva estrategia, el ministro aseguró que el número de muertos relacionados con el crimen organizado ha descendido en torno a un 20%. Según las cifras oficiales entre diciembre y abril pasados hubo 5.296 homicidios frente a los 6.432 habidos entre julio y noviembre de 2012, un 18% menos. El promedio diario de muertos en todo el país entre enero y mediados de mayo es de 34 frente a los 41 en el mismo periodo del año pasado.
Esa estrategia se está poniendo a prueba estos días en Michoacán, paradójicamente el mismo Estado del suroeste del país en el que Calderón lanzó la guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006 y sacó por primera vez al Ejército a las calles. Siete años después la situación de caos que se vive en buena parte de su territorio ha llevado al actual Gobierno a realizar allí un fuerte despliegue de fuerza y a militarizar su seguridad.
Osorio Chong destacó que Michoacán es “muy importante” porque conecta con los puertos del Pacífico, por donde entra buena parte de la droga a México procedente de Suramérica, y porque su desestabilización por los carteles afecta al centro del país. El Estado ha tenido tres gobernadores diferentes en los últimos seis años y dos operaciones de seguridad a gran escala. “No estamos haciendo lo mismo que antes”, aseguró el secretario. “Hay una espléndida coordinación con un mando único en manos del Ejército y éste está trabajando en ganarse la confianza de las comunidades”.
¿Y se está trabajando también sobre las autoridades y fuerzas policiales corruptas y vinculadas con el narco?, se le preguntó. “Estamos investigando a quienes han sido señalados por mantener esos vínculos con el crimen organizado. Pronto saldrán con sus nombres y apellidos”, respondió.
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