Ante la resolución del Gobierno que prohíbe a los registros y notarías autenticar cualquier venta de los inmuebles que fueron intervenidos o expropiados por el ejecutivo alegando una estafa inmobiliaria, puesto que esas viviendas sólo se le pueden vender al propio gobierno, Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, señala que esta es una nueva violación al derecho a la propiedad privada y a la libre disposición de los bienes.
El decreto, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40186, establece que los inmuebles que fueron intervenidos o expropiados, alegando una presunta estafa inmobiliaria, solo podrán ser vendidos a la Inmobiliaria Nacional, en los primeros cinco años contados a partir de la fecha de protocolización del documento de venta. Luego de este lapso el propietario podrá disponer de la vivienda.
Además prevé que el precio del inmueble se fije con base en el precio por el cual fue adquirido más el ajuste monetario al momento de la venta, utilizando el procedimiento de cálculo de la Ley para la Determinación de Justiprecio de Bienes Inmuebles, lo cual según Martini está fuera de la realidad.
“Esos compradores que en su momento levantaron la bandera de la ilegalidad IPC, ahora son afectados porque el gobierno no solo les dice que regula el derecho de la libre disponibilidad del bien, sino que sólo les permite venderle a ellos”, señaló.
Para Martini “todo empieza a desmoronarse”, porque no se puede sacar a la vivienda del contexto económico nacional. El cúmulo de leyes que se han sancionado se contraponen una sobre otra y lo que se está generando es una “enorme anarquía” dentro de las transacciones inmobiliarias, explica Martini.
Dijo también que en la Misión Vivienda, se adjudica la propiedad, se otorga un derecho de uso “tu no la puedes vender, ni alquilar, ni dar en herencia, porque no la estás comprando”, pero ahora que se van a pagar esas viviendas qué va a pasar, se preguntó el entrevistado.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria señaló como problemas en el sector, el hecho de que no se consiguen los materiales de construcción, cuando se consiguen es con sobreprecio, las leyes son "terriblemente punitivas", aumenta la demanda y decae la oferta.
