. Nota de Prensa) – La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificó este jueves 31 de octubre ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ,) lasolicitud de declaratoria de haber méritos para el procedimiento penal ordinario contra la diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Monagas, María Mercedes Aranguren Nassif, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
En ese sentido, la Fiscal General solicitó ante la máxima instancia judicial del país que declare la existencia de méritos para profundizar la investigación que involucraría a la parlamentaria en delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción, y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, vigente para la época en que sucedieron los hechos (2008).
Ortega Díaz informó que dicho petitorio se realiza por presuntas irregularidades cometidas cuando la parlamentaria era la presidenta de la empresa “Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín C.A.”, constituida durante la gestión del exgobernador de Monagas, José Gregorio Briceño Torrealba.
Durante su narrativa, la máxima representante del Ministerio Público detalló que la solicitud tiene su basamento en tres denuncias formuladas por el entonces director municipal de Hacienda de la Alcaldía del Municipio Maturín, Rafael Rodríguez Pérez, quien denunció presuntos ilícitos en la constitución de la mencionada empresa, la forma cómo se estaba conduciendo, el destino del dinero que percibía la administradora y por no haber manera de tener un control acerca de lo que sucedía en la compañía.
Igualmente, Ortega Díaz se refirió a otra denuncia interpuesta por el ciudadano Francisco Gómez, quien también expuso las diversas irregularidades de la referida empresa, la cual fue creada con la finalidad de administrar y garantizar el mantenimiento del “Estadio Monumental de Maturín”.
Asimismo, ofreció como méritos la copia certificada del registro mercantil en la que consta el acta constitutiva de la empresa, donde se describe que la duración de la misma era de 50 años y que el capital era de 10 mil bolívares.
La administradora fue constituida íntegramente con dinero de la Gobernación de Monagas, siendo su presidenta la diputada y el resto de la directiva integrada por Eduardo Pinto Plata, Juan Ramón Amundaray, José Gregorio Pimentel y Edgar Felipe Márquez.
La Fiscal General también consignó ante el TSJ una copia certificada de un depósito, mediante el cual en un cheque de la gobernación se entregó el capital inicial, además de la Gaceta Oficial del estado Monagas, donde se liquida dicha compañía el 19 de septiembre de 2008, es decir, tuvo una duración de ocho meses.
Adicionalmente, Ortega Díaz indicó que se consignó la Gaceta Oficial del 07 de julio de 2008, en la que se designa a Aranguren como Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Monagas, quien también ocupó el cargo de presidenta de la mencionada administradora.
Detalló que consta en oficios emanados del Consejo Legislativo de ese estado, que dicho ente nunca aprobó las contrataciones de la empresa inmobiliaria.
Citó un resumen de la contraloría de ese estado en el que “se deja constancia que la empresa carecía de estructura organizativa, de normas y métodos, además no realizó la declaración de impuestos municipales, impuestos sobre la renta y no registró contablemente los eventos realizados ni los estudios financieros”.
La máxima autoridad del Ministerio Público señaló que la empresa adquirió dólares a través de operadoras cambiarias, sin que fueran autorizados por la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi); y realizó pagos por conceptos de anticipos sin exigir la fianza respectiva de fiel cumplimiento.
Puntualizó que existen diversas comunicaciones del Director de Hacienda Municipal de Maturín, en las que manifiesta que la empresa realizó distintos eventos sin que se permitiera el acceso a los fiscales tributarios municipales.
Tres delitos con un sólo fin
En su narrativa indicó que la citada administradora inmobiliaria no fue liquidada por medio de un procedimiento normal u ordinario, sino a través de un decreto del gobernador Briceño Torrealba.
Ortega Díaz manifestó que la referida sociedad es lo que se conoce como “empresas de maletín”, las cuales se constituyen para cometer irregularidades en perjuicio del patrimonio público.
Dentro de las irregularidades que detectó el Ministerio Público, está el contrato en dólares con empresas extranjeras sin la debida autorización del Estado venezolano.
En fecha 14 de marzo de 2008, la empresa inmobiliaria suscribió un contrato de servicio con una compañía domiciliada en la República Oriental de Uruguay, para la realización del evento deportivo “Amigos de Messi Vs Amigos de Ronaldinho”, por un monto de más de 3 millones de dólares.
Igualmente, el 07 de abril del mismo año, contrató los servicios de una empresa estadounidense para la presentación de los artistas internacionales Olga Tañón y Elvis Crespo, por un monto de 380 mil dólares.
Otro contrato celebrado el 11 de septiembre de 2008 con la empresa Producciones Solid Show 2050, C.A, fue para la presentación del concierto de Wisin y Yandel, en el estadio de Maturín, firmado con una circunstancia irregular, pues las ganancias que produjera el evento eran 50 por ciento para la empresa inmobiliaria y la otra parte para la productora.
A su juicio, para honrar estos compromisos y contratos que se hicieron, el gobernador Briceño tuvo que realizar transferencias, las cuales no contaron con la debida autorización prevista en la ley.
Señaló que en vista de que los contratos fueron en dólares, la diputada Aranguren compró las divisas en casas de cambio por un monto superior al oficial, lo cual representó una pérdida para el Estado venezolano.
Asimismo, la Fiscal General afirmó que la empresa no solicitó fianza en ninguno de los contratos, lo que también va en detrimento del patrimonio público, es decir, que fue manejada como privada y no como del Estado.
Ortega Díaz añadió que un dato que llamó la atención a los fiscales, es que el número de cédula del representante de una de las empresas con las que se realizaron los contratos, no corresponde con la persona, lo que hace presumir que hubo una acción fraudulenta o irregular.
La diputada, como presidenta de dicha compañía,tampoco declaró sobre las ganancias y pérdidasque produjeron los eventos en las taquillas con ocasión a la contratación de distintos artista de talla internacional.
Ante los argumentos esgrimidos por la defensa de la diputada, la Fiscal General reiteró que el fin social por el cual se creó la administradora era el mantenimiento de un estadio de fútbol con capacidad para más de 50 mil personas y no se cumplió. Por el contrario, se limitó a presentar artistas y deportistas internacionales.
Ortega Díaz destacó que tras la liquidación de la empresa, solo se dejó “30 mil bolívares, un horno microondas y un fax”.
Recordó que el gobernador Briceño transfirió 12 millones 443 mil bolívares a la empresa inmobiliaria y en caso que se autorice la investigación por parte del TSJ, se deberán hacer las respectivas auditorías para determinar dónde fueron a parar esos fondos.
