Este jueves, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, realiza la exposición de motivos ante los Magistrados de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los cuales fundamenta su solicitud de antejuicio de mérito en contra de la diputada ante la Asamblea Nacional (AN) por el estado Monagas, María Mercedes Aranguren. Horas antes el TSJ declaró sin lugar la solicitud hecha por Aranguren de diferir la audiencia. Durante su intervenciñon enumeró que los supuestos delitos incurridos por la parlamentaria son peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir, contemplados en la ley anticorrupción y la ley de delincuencia organizada.
Los hechos por los cuales que se solicita el antejuicio de mérito es en relación a una empresa que fue constituida por el exgobernador de Monagas, José Gregorio Briceño Torrealba. La diputada para ese entonces era la encargada de administrarla. El objetivo de la empresa era garantizar la administración del estadium de Maturín.
"Esta fue una empresa constituida para incurrir en delitos", aseveró la Fiscal General ante la sala plena del TSJ.
En los registros legales, según la Fiscal, el tiempo de vida de la empresa fue establecido a 50 años. "Solo duró 8 meses y fue liquidada por un decreto del propio gobernador", precisó Ortega Díaz. La fiscalía presume que la empresa se usó para hacer acciones irregulares en detrimento del patrimonio público.
A juicio de la diputada María Mercedes Aranguren, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de admitir un antejuicio de mérito en su contra es parte de un "cronograma" para aprobar la Habilitante. Aseguró que su caso no será evaluado con objetividad.
El proceso judicial en contra de la parlamentaria cobra importancia ante el escenario de la discusión del proyecto de Ley Habilitante solicitado por el presidente Nicolás Maduro. Para la aprobación de la ley, que le otorgará poderes especiales al Ejecutivo, es necesario la aceptación de las tres cuartas partes de los integrantes del Hemiciclo. La cifra se traduce en 99 diputados a favor del proyecto.
La diputada denunció en días pasados que el Partido Socialista Unido de Venezuela intenta comprar a su diputado suplente, Carlos Flores, para tener el parlamentario 99.
De acuerdo a las declaraciones de la parlamentarias, para ella el caso del allanamiento forma parte de una presión política para lograr el objetivo de la Habilitante y así poder negociar con su diputado suplente, Carlos Flores, para convertirlo en el "diputado 99".
