La Revolución Ciudadana es un término que se empezó a utilizar en Ecuador en enero de 2007, cuando Rafael Correa asumió la Presidencia del país. Siete años después, esta frase aparece en cada propaganda del oficialismo y, durante esta semana en que se celebra el séptimo aniversario de esta revolución, ha estado en boca de todos los funcionarios del Estado. ¿Pero qué significa La Revolución Ciudadanamás allá del eslogan? El historiador Juan Paz y Miño indica que esta revolución marca un nuevo ciclo en la historia del país porque rompió todo lo que se había hecho desde 1979 -cuando Ecuador retornó la democracia- hasta 2006. “Se superó la economía empresarial, la falta de institucionalidad del Estado, la acumulación de riqueza y la ingobernabilidad”.
Rafael Correa se hizo cargo de un país que había tenido siete presidentes en los últimos diez años. Desde el derrocamiento de Abdalá Bucaram, en 1997, ningún presidente había completado el periodo constitucional de cuatro años. Por eso Correa dice que la Revolución Ciudadana fue la reacción espontánea de la sociedad a tantos años de desgobierno. “La revolución fue el producto del hartazgo de la ciudadanía ante tanta corruptela política, ante tanto entreguismo”.
Pero a diferencia de los procesos venezolano, argentino o boliviano, Correa llegó al poder sin un movimiento político consolidado. Alianza País se estrenó en las elecciones de 2006 y ni siquiera presentó candidatos para el ya desaparecido Congreso Nacional. Hoy, sin embargo, este movimiento político tiene 100 de los 137 escaños de la actual Asamblea Nacional y es la primera fuerza política. La estrategia fue que el proyecto político liderado por Rafael Correa incluía la elaboración de una nueva Constitución, que se hizo en 2008. Tras refundar el texto, se convocó a elecciones generales en 2009 y Correa se impuso en la primera vuelta. A partir de ese año, el partido de Gobierno ha tenido dos triunfos electorales más: una consulta popular y las elecciones generales de 2013, en las que consiguió la reelección con el 57% de los votos.
Este crecimiento ha favorecido a la población más pobre y excluida, que recibe varias ayudas económicas como el Bono de Desarrollo Humano, una renta mensual de 50 dólares que actualmente se entrega a 1,2 millones de hogares. Se calcula que beneficia a 6 millones de personas, lo que representa el 43% de la población. De ahí que Correa denomine a su Ejecutivo como el “Gobierno de los pobres” y haga algunos guiños a esa parte de la población.La estabilidad política de estos años permite ahora al Gobierno de la Revolución Ciudadana exhibir algunos logros como la expansión de la economía ecuatoriana, cuyo PIB creció un 4,2% en el periodo 2007-2013, sobre el promedio regional que fue del 3,4% en el mismo periodo, según los datos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). El aumento del precio del petróleo mucho ha tenido que ver, pues Ecuador desde hace cuatro décadas depende del crudo y, a grandes rasgos, de cada 100 dólares que ingresan al país por exportaciones, 60 corresponden a la venta del petróleo.
Este mismo sábado, para la celebración de los siete años de su gestión, el presidente escogió un barrio marginado de Guayaquil que fue fundado hace más de 35 años y todavía carece de servicios básicos. “Aquí no dominaban la grandes mayorías, dominaban unas cuantas oligarquías. Hemos transformado ese Estado burgués, secuestrado por la bancocracia, la partidocracia, el poder mediático, las oligarquías de siempre, las burocracias internacionales y los países hegemónicos en un Estado popular, integral, manejado por un Gobierno para todos”, dijo en su discurso. Con su palabras llamó a los pobres de la patria que todavía tienen necesidades a rebelarse y exigir sus derechos.
El titular de la Senplades, Pabel Muñoz, asegura que se ha reducido la brecha entre ricos y pobres. “Mientras antes el 10% de la población más rica ganaba 37 veces más que el 10% de la población más pobre, hoy los ricos ganan 24 veces más que los pobres”. Para dar cuenta de los cambios, Muñoz también cita el coeficiente de Gini de Ecuador, que mide la desigualdad de ingresos. “Mientras más nos acercamos a 1 es más injusta la distribución de ingresos y mientras más nos acercamos a 0 hay mejor justicia distributiva. Ecuador ha pasado de 0,54 a 0,47”.
Las cifras de desempleo también son motivo de orgullo para el Gobierno ecuatoriano. Hay 4,15% de desempleados a nivel nacional, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y otro indicador que habla bien de la gestión gubernamental es el salario básico, que antes de la Revolución Ciudadana era de 160 dólares y ahora es de 370 dólares. “El salario antes cubría el 40% de la canasta básica, mientras que ahora cubre el 100% Por eso decimos que es un salario digno”, acota Muñoz.
El país ha cambiado notablemente y quizás el ejemplo más palpable son los 9.581,27 kilómetros de vías intervenidas hasta agosto de 2013, con una inversión de 6.400 millones de dólares. También hay cambios visibles en salud y educación - sectores que han aumentado sus presupuestos y tienen la aspiración de ofrecer una cobertura gratuita y universal - y está en marcha una reforma judicial.
En todo el proceso hay un liderazgo indiscutible de Rafael Correa, cuyo poder está respaldado por la Constitución de 2008, que fue hecha con un fuerte acento presidencialista justamente para asegurar la estabilidad política. Pero esto puede ser peligroso, según el catedrático de la Universidad Central Francisco Muñoz. El profesor advierte de los riesgos de la concentración de poderes, de la hegemonía de un partido único y de la supresión de los contrapesos que permiten que el líder actúe sin límite alguno.
Este catedrático sitúa a Correa junto a otros presidentes modernizadores y autoritarios de la historia de Ecuador, como Gabriel García Moreno -que tuvo dos periodos presidenciales en la segunda parte del siglo IXX. “García Moreno es uno de los paladines de la modernización en el Ecuador. A él se parecería Correa porque su modernización va de la mano de una conducción vertical con rasgos autoritarios”.
Este catedrático, además, aleja a Correa de la izquierda que tanto pregona y dice que su reforma es tecnocrática y capitalista. “Para ser de izquierda se necesita tener posiciones que conduzcan la política pública hacia cuestiones como la reforma agraria, la no privatización del agua, disminuir o evitar el extractivismo y Correa hace todo lo contrario”.
Por último también niega que haya una revolución y menos aún ciudadana. “Los ciudadanos no están presentes en lo que ha sido el Gobierno de Correa. La participación ciudadana se burocratizó, hay una oficina que está ligada a los intereses del Ejecutivo”, dice. Y añade que la ofensiva que el presidente manifiesta a cada momento respecto a líderes y al movimiento social da cuenta de que también se está negando la participación. “Eso de la criminalización de la protesta es grave. ¿Cómo puede haber respeto al ciudadano si sus derechos no son respetados por el Gobierno? Por eso me atrevo a decir que en el periodo de Correa, como ocurría en la época del absolutismo, no hay ciudadanos sino súbditos”.
Otro punto cuestionable de la Revolución Ciudadana es la polarización del país puesto que el correísmo genera pasiones y la discusión política se lleva a todos los ámbitos de la sociedad. El historiador Juan Paz y Miño reconoce la polarización social. Su explicación es que Correa ha dejado de beneficiar a los sectores que tradicionalmente estaban más cercanos al poder. ”Este Gobierno no ha respondido a intereses particulares específicos sino a intereses más amplios, por eso los antiguos poderes entran en cuestionamiento. Por ejemplo, las cámaras de la producción ya no son rectoras de la política. Mientras el 70% del país apoya al proceso - y eso es el sector popular y clase media - las otras capas se polarizan”.
Esto lleva a reflexionar sobre la sostenibilidad de la Revolución Ciudadana y su aspiración de alcanzar una sociedad equitativa. Pabel Muñoz, rector de la planificación estatal, confía en el plan que se formuló para este período presidencial, 2013-2017. “Los anteriores rompieron con el modelo neoliberal y se adaptaron a los nuevos preceptos constitucionales. Ahora, el nuevo plan de Buen Vivir busca sentar las bases de la justicia social y la equidad y habla de la consolidación de un Estado y de un poder popular. De esa ciudadanía apoderada de las conquistas sociales de los últimos años”.
La inversión para alcanzar ese Buen Vivir será de 70.000 millones de dólares y obtener este dinero depende de la estabilidad de los precios del petróleo. Solo para este año, el presupuesto general del Estado es de 34.300 millones de dólares y se sostiene con un precio promedio de 86,4 dólares por barril. Si el precio del crudo baja en los mercados internacionales, el país tendría que hacer ajustes. De ahí la necesidad de cambiar la matriz productiva, que figura como principal objetivo del Gobierno para los próximos años.
De momento el Estado tiene el respaldo de su política fiscal, que le ha permitido triplicar la recaudación de Gobiernos anteriores. La cifra de la que presume el Gobierno es de 60.000 millones de dólares. Y también debe orientar sus esfuerzos para conseguir financiamiento fuera del país. Justamente este sábado, durante los festejos por los siete años de Revolución Ciudadana, la gran ausencia fue la del vicepresidente Jorge Glas. En un video que fue transmitido ante los miles de espectadores en el barrio pobre de Guayaquil, Glas dijo que estaba en China buscando financiamiento para consolidar el cambio de matriz productiva. “Compañeras y compañeros revolucionarios, mientras ustedes ven este video, estoy volando a China para buscar nuevas oportunidades de desarrollo en beneficio del pueblo ecuatoriano. Hoy más que nunca estamos convencidos de que la patria ha cambiado para siempre, estamos dispuestos a enfrentar el Ecuador de la revolución productiva e industrial, no dejaremos de trabajar hasta erradicar la pobreza”
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