El coordinador del Programa Venezolano de Educación (Provea), abogado y especialista en Derechos Humanos, Marino Alvarado, ofreció detalles en Soluciones sobre la situación de protestas en el país y consideró que estas dejan de ser pacíficas cuando "el Estado las reprime o cuando grupos irregulares arremeten violentamente contra ciudadanos o bienes materiales del sector", dijo.
"En Venezuela, por práctica de una inadecuada actuación del Estado se reprimen las manifestaciones y la actuación policial debe garantizar la seguridad", manifestó.
Por su parte, el abogado constitucionalista y profesor de la UCV, Edgar Parra Moreno, explicó que para saber cuando una manifestación es violenta es preciso mirar la Constitución. "Cuando se irrumpen los derechos comienza la violencia y es importantes que se garanticen los deberes y derechos constitucionales para los ciudadanos", precisó.
Luego de que el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez no otorgó permiso correspondiente para realizar marchas opositora en diferentes oportunidades en esa jurisdicción, Alvarado destacó que no se requiere permiso para realizar concentraciones, movilizaciones o manifestaciones en el país debido a que "está plasmado en el artículo 53 de la Constitución".
Asimismo, señaló que no siempre la presencia policial puede interpretarse como el interés de reprimir las manifestaciones por parte del Estado, para esto "deben agotarse todos los mecanismos de persuasión antes de usar la fuerza".
Abogado insta a los alcaldes de El Hatillo y Baruta a mantener el orden en el municipio
Tras la orden dada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los alcaldes de Baruta y El Hatillo respectivamente, el abogado penalista, Juan Garatón, declaró que la demanda fue presentada a la Sala Constitucional del TSJ, en vista que los alcaldes han omitido el cumplimientos de sus funciones, establecido en la Constitución de la República en su artículo 178, sobre garantizar el libre tránsito de las personas.
"Estas acciones terminaron como hechos delictivos y dejaron de ser pacíficas (...) al momento de quitar una alcantarilla es un delito, un intento de homicidio", explicó Garantón.
Consideró también que las conductas de los manifestantes no son comportamientos serenos sino hechos punibles que afectan a la comunidad en general. "Se debe intentar por todos los medios mantener el orden y protestar sin afectar los derechos de los demás", alertó.
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