El Consejo de Estado ratificó este martes por mayoría la destitución e inhabilitación por 15 añosdictada por la Procuraduría General contra el alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro.
El dictamen, con votación de 15 votos a favor y 8 en contra, se hizo efectivo al rechazar los 23 recursos de protección de derechos que frenaron temporalmente la sentencia.
Petro fue destituido e inhabilitado (15 años) el 9 de diciembre de 2013 por el procurador general Alejandro Ordóñez, quien fundamentó su sanción en supuestas irregularidades cometidas por el primer mandatario bogotano durante la implementación de un nuevo sistema de aseo urbano en diciembre de 2012.
Durante la sesión del martes, los magistrados refrendaron las conclusiones del jurista Alfonso Vargas, a cargo de la exposición del tema, quien reconoció a la Procuraduría las facultades de investigar y sancionar disciplinariamente a un funcionario público elegido por votación popular, lo cual, adujo, está avalado por la Constitución y el Consejo de Estado.
En su análisis, estableció que no existía violación alguna de los derechos del alcalde, ya que al imponerle la sanción fueron respetadas todas las garantías procesales y tampoco se causaran perjuicios irremediables a la ciudadanía, pues el único afectado con la sanción fue Petro, "y no personas ajenas al proceso disciplinario".
Según lo establecido, la Procuraduría le notificará en los próximos días el fallo al presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien tiene 10 días hábiles, que se cumplirían el 30 de marzo, para ejecutar la sanción.
En tanto, el próximo lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual Petro solicitó medidas de protección política, deberá pronunciarse al respecto, indicó Prensa Latina.
El dictamen, con votación de 15 votos a favor y 8 en contra, se hizo efectivo al rechazar los 23 recursos de protección de derechos que frenaron temporalmente la sentencia.
Petro fue destituido e inhabilitado (15 años) el 9 de diciembre de 2013 por el procurador general Alejandro Ordóñez, quien fundamentó su sanción en supuestas irregularidades cometidas por el primer mandatario bogotano durante la implementación de un nuevo sistema de aseo urbano en diciembre de 2012.
Durante la sesión del martes, los magistrados refrendaron las conclusiones del jurista Alfonso Vargas, a cargo de la exposición del tema, quien reconoció a la Procuraduría las facultades de investigar y sancionar disciplinariamente a un funcionario público elegido por votación popular, lo cual, adujo, está avalado por la Constitución y el Consejo de Estado.
En su análisis, estableció que no existía violación alguna de los derechos del alcalde, ya que al imponerle la sanción fueron respetadas todas las garantías procesales y tampoco se causaran perjuicios irremediables a la ciudadanía, pues el único afectado con la sanción fue Petro, "y no personas ajenas al proceso disciplinario".
Según lo establecido, la Procuraduría le notificará en los próximos días el fallo al presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien tiene 10 días hábiles, que se cumplirían el 30 de marzo, para ejecutar la sanción.
En tanto, el próximo lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual Petro solicitó medidas de protección política, deberá pronunciarse al respecto, indicó Prensa Latina.
ANDINA