Alfonso Marquina, único representante de la oposición venezolana presente en la asamblea bianual de la Unión Interparlamentaria (UIP), cree que el Comité de Derechos Humanos de esta institución mandará una comisión de investigación a Caracas, dada "la persecución a la que son sometidos los legisladores".
Denunció las "agresiones físicas" y el acoso al que son sometidos los diputados opositores.
Marquina se reunió con el Comité de Derechos Humanos de la UIP, organización que celebra esta semana en su sede de Ginebra su asamblea bianual con la asistencia de parlamentarios de más de 140 países, para denunciar que en Venezuela "se violan los derechos humanos de los legisladores de la oposición", según explicó en una entrevista.
El diputado recordó a los miembros del comité que la Asamblea Nacional ha llevado a cabo dos procesos de allanamiento a inmunidad parlamentaria de parlamentarios y está en proceso de implementar la misma medida a la diputada María Corina Machado.
"Están llevando a cabo estos allanamientos de manera antidemocrática, incluso inconstitucional, a través de una interpretación errónea del Tribunal Supremo de Justicia que justifica que una mayoría simple pueda destituir a un diputado", añadió.
Indicó que, "si esta norma se aplicara en cualquier parte del mundo, no se garantizaría nunca la representación de la minorías porque las mayorías podrían destituir a los diputados que piensen distinto".
Según Marquina, al finalizar el encuentro, varios miembros del comité le confirmaron que enviarían una comisión de investigación a Caracas.
No obstante, los diputados oficialistas que participan de la asamblea de la UIP, encabezados por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, negaron los hechos denunciados por Marquina e intentaron convencer al comité de lo inapropiado que sería mandar una comisión de investigación.
"Nosotros le insistimos al mundo: si no existen violaciones de derechos humanos, como dicen en mi país 'quien no la debe no la teme' y el Gobierno Nacional no debería tener ningún miedo de recibir a la comisión de la UIP", afirmó Marquina, diputado por el estado de Miranda.
Más allá de los argumentos sobre la necesidad o no del envío de la comisión, la duda se centra en si el comité puede mandar una misión a un país sin ser previamente invitado.
El legislador, secretario general del partido Un Nuevo Tiempo, considera que las violaciones a los derechos humanos a las que son sometidos los legisladores son un hecho que por sí mismo justificaría la visita e insiste en que es inaudito que sea el supuesto autor de los delitos el que deba autorizar la investigación.
A su juicio, "no puede ser que prime la autorización del agresor, el que violenta los derechos humanos"EFE
