La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestó que "era necesario mostrar las pruebas" (correo electrónicos) que presentó este miércoles el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, debido a que, a su juicio, atentaba contra la estabilidad del país y la vida del presidente Nicolás Maduro.
Explicó que la referida institución inició una investigación penal y se solicitó al juez de control la interceptación o grabación de comunicaciones privadas de las personas implicadas en el referido caso, señalado en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp).
Indicó que ante esta denuncia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) autorizó interceptar las comunicaciones de los ciudadanos.
La autoridad señaló que aunque el Copp en su artículo 286 refiere que las pruebas de investigación “son reservadas y solo pueden tener accesos quienes están expresadas en el reglamento”, indicó que se hizo la denuncia debido a que “es un problema grave” para el país.
Durante una rueda de prensa manifestó: "No podemos pasar inadvertidos un hecho que atente contra la estabilidad y paz del país (...) no fue el MP quien tuvo acceso de primera mano a esos elementos, pero en este caso, son diligencias que se practicaron a través del cual se obtuvo elementos que pudiesen constituir fundamentos que dirige la institución.
La titular del despacho, afirmó que si de la investigación surgen personas que aparezcan dentro del caso, "no se descarta la posibilidad de ser imputado, citación, que sea privado de libertad o de que se le prohíba la salida del país".
