Con motivo del Día Internacional del Acceso a la Información Pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) solicitó una audiencia a 13 organismos del Estado para revisar las condiciones en que los trabajadores de los medios de comunicación realizan la cobertura de esas instituciones y las dificultades que encuentran.
El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, exhortó a los organismos del Estado venezolano a ser garantes del pleno ejercicio de este derecho, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El representante gremial recordó que en Venzuela el acceso a la información está garantizado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, donde se expresa que toda persona tiene derecho a conocer la información que sea de interés para las comunidades o grupo de personas.
Además, el artículo 51 reconoce el derecho de hacer peticiones ante cualquier autoridad sobre los asuntos que sean de su competencia, “y de obtener oportuna y adecuada respuesta”. En caso de que dicha información no sea suministrada, prevé que el funcionario puede ser sancionado.
Ruiz rechazó las restricciones que en oficinas públicas se han impuesto a los periodistas y denunció el secretismo y la opacidad con que se ejercen las acciones de Gobierno, han dado pie a los peores actos de corrupción.
“En la Asamblea Nacional se impide el acceso de los reporteros al hemiciclo de sesiones; en el Palacio de Justicia fue cerrada la sala de prensa y cada vez que hay audiencias con alguna vinculación política, es bloqueado el acceso a su sede; el Ministerio de Interior, Justicia y Paz no revela los registros de muertes violentas que ocurren a diario en el país; mientras que el Banco Central de Venezuela se han mantenido ocultas las cifras de inflación, escasez y otros indicadores económicos; el Cencoex, antes Cadivi, guarda silencio frente a las reiteradas denuncias sobre entrega de divisas a empresas de maletín, los mismo que la Contraloría y la Fiscalía”, precisó.
Derecho humano
El acceso a la información pública le permite a los ciudadanos tener conocimiento de el por qué, para qué, cómo y cuándo de las decisiones públicas tomadas por sus gobiernos.
“Necesitamos información para participar de manera más activa y responsable, para saber cómo resolver problemas específicos, para ser verdaderos contralores sociales, para evitar el desvío de los recursos del Estado y para construir un verdadero sistema democrático”, dijo Ruiz, quien indicó que el mandato constitucional obliga a los funcionarios a rendir cuentas.
