(Nota de prensa).- Como resultado de diferentes procedimientos realizados el pasado fin de semana, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al Destacamento 111 del Comando de Zona para el Orden Interno 11 decomisaron 85.992 kilogramos de alimentos y 10.320 metros de cabillas, en la cabecera del Puente sobre el Lago de Maracaibo.
Las acciones se llevaron a cabo en el punto de control fijo Punta Iguana, bajo la supervisión del Teniente Coronel Robert Peralta Echenique, Comandante del D-111, siguiendo instrucciones del General de Brigada Manuel Graterol Colmenárez, Jefe del CZOIGNB-11, quien informó: “Se lograron retener 5.118 kg de pollos con valor general de 285.198,28 Bs, transportados en un camión cava Chevrolet-NPR año 2011 y 30.000 kg de arroz que suman un monto de 1.170.000 Bs, trasladados en una gandola Iveco-720E 2005”.
Agregó el alto Oficial que fueron retenidos 39.000 kg de harinas de maíz y trigo para un total de 720.000 Bs, procedentes de Portuguesa en una gandola Mack-Visión 2012 y un camión Chevrolet-FVR32K 2012, 8.580 kg de mayonesa valorados en 751.400 Bs, transportados desde Trujillo en un camión Ford-Cargo 2010, 3.294 kg de queso que totalizan 2.490.264 Bs, proveniente de Aragua en un camión cava Chevrolet- FVR 2011, 13.000 litros entre leche, jugos de pera, naranja y durazno con valor de aproximadamente 500.000 Bs, provenientes de Falcón y Lara en una gandola Mack-R609SX y un camión cava Ford-350 2010.
Estos cargamentos con rubros alimenticios fueron retenidos ya que “pretendían pasarlos por el Puente sobre el Lago con desvió de destino, ausencia de guía de movilización y otras irregularidades, por lo que ha sido puestos a orden de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro)”.
Los uniformados además practicaron la retención de 10.320 metros de cabillas estriadas para construcción sumando 1.070.780,90 Bs, transportadas en una gandola Mack-R600 con anomalías en la factura y hoja de ruta, presumiéndose una infracción a la Ley Orgánica de Precios Justos. Este cargamento fue remitido a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).