AVN.- La reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, de renovar la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" coloca al país nuevamente, por un lapso de 365 días, en la mira de la nación más belicista del orbe.
Este miércoles 9 de marzo se cumple un año desde que el mandatario gringo, Premio Nobel de la Paz, firmara la orden, explayada en 13 puntos, que señala a Venezuela de ser una amenaza a su seguridad, y, en consecuencia, estableció un conjunto de sanciones a personas jurídicas y naturales, las cuales considera atentan contra los intereses de Washington.
La renovación del decreto imperial se produce en un escenario en Venezuela marcado por una guerra económica (caracterizada por la usura, especulación, reventa y contrabando de productos básicos), el desplome del precio internacional del crudo y la pretensión golpista de la derecha venezolana por hacerse del poder político por cualquier vía.
Frente a ese panorama, el presidente Maduro subrayó la importancia de garantizar la paz para el futuro de la patria. "¡No podemos dejar que ese decreto esté como una espada de Damocles aquí, en el cuello de nuestros niños y niñas! (...) No le podemos dejar ese decreto a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y que Estados Unidos un día amanezca con el pie derecho, ¿es que llaman? Y diga: "Bueno, ahora sí, bloqueo contra Venezuela. Ahora sí, invasión contra Venezuela....No. En todos los países donde se sacó un decreto como ese, después vino una invasión", refería el Presidente en su programa en Contacto con Maduro, el 14 de abril de 2015.
En la historia contemporánea EEUU ha calificado como "amenaza para la Seguridad Nacional" a Irán, Birmania, Sudán, Rusia, Zimbabue, Siria, Bielorrusia y Corea del Norte.
Haciendo uso de ese tipo de decreto, Washington ha enfilado sus ataques directamente contra Irak por invadir a Kuwait en 1990, contra Afganistán a causa del control Talibán de ese país entre 1999 y 2002, contra Liberia y Sierra Leona entre 2001 y 2004 por supuestas violación a los Derechos Humanos y Libia entre 1986 y 2004 por ser calificado como patrocinante del "terrorismo".
En Latinoamérica y el Caribe existe el precedente con la intervención unilateral a Granada en 1983; en Nicaragua entre 1985 y 1990, cuando el gobierno estadounidense autorizó un embargo económico en contra del gobierno Daniel Ortega. Además de Haití entre 1991 y 1994, cuando el gobierno de Bill Clinton se enfrentó al gobierno militar de Raoul Cédras que derrocó a Jean-Bertrand Aristide; y el caso concreto de Panamá, en 1988, que terminó con la invasión de tropas estadounidenses para detener al presidente Manuel Antonio Noriega, una acción denominada por el expresidente George Bush (padre) como "Operación Causa Justa".
¿Proteger los DDHH?
Una de las aristas que alega el gobierno norteamericano para renovar el decreto imperial "es el uso de la violencia y violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas contra el gobierno", en clara alusión a la violencia desatada, en los primeros meses de 2014, por grupos de choques del antichavismo que ocasionó la muerte de 43 personas y lesiones a más de 800 personas, además de cuantiosos daños a bienes públicos y privados.
El Estado venezolano en aras de restablecer el orden público y la paz nacional, en esos primeros meses de 2014, actuó en el marco de ley y encausó judicialmente a los autores de violaciones a las leyes, entre ellos Leopoldo López, promotor de las llamadas guarimbas, quien se entregó voluntariamente a la autoridades.
Sin embargo, la aplicación de la justicia por el Estado venezolano fue valorada por la Casa Blanca como "el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del gobierno" y como "una erosión de las garantías de derechos humanos", según reza el decreto.
Así, sin el debido proceso, pilar fundamental de los derechos humanos, Obama anunciaba que serían aplicadas sanciones a siete venezolanos, las cuales son una extensión de las establecidas en la "Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela", aprobada en el congreso norteamericano a finales de 2014.
Los sancionados por el decreto ejercían para aquel entonces cargos de orden público. Sus nombres son: Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de la Región Central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB); Gustavo González López (actual Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional); Justo Noguera Pietri, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana; Katherine Haringhton; Manuel Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana; Manuel Bernal Martínez, jefe de la 31ª Brigada Blindada del Ejército Nacional Bolivariano; y Miguel Vivas Landino, inspector General de la FANB.
Pese a que EEUU renovó el decreto invocado la protección de derechos humanos, a la fecha el gobierno norteamericano no ha firmado, adherido o ratificado diferentes tratados internacionales, claves en la ONU, en materia de protección a los derechos humanos; entre ellos, los convenios contra crímenes de guerra ni contra crímenes de lesa humanidad.
Tampoco ha ratificado la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; ni la convención sobre los Derechos del niño ni contra la prostitución y pornografía infantil.
Washington tampoco ha ratificado el convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, el convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, ni el tratado de ONU sobre la prohibición completa de los ensayos nucleares.
Por su parte, esta nación no ha firmado el Protocolo del Pacto Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte; la convención internacional contra el reclutamiento, la financiación y el entrenamiento de mercenarios; el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena; ni el Protocolo de Kyoto de la Convención ONU sobre Cambio Climático, pese a ser el mayor emisor de gases del mundo.
La brecha entre decir y hacer
El decreto de Obama firmado el 09 de marzo de 2015 recibió en aquella ocasión un contundente rechazo mundial. Organismos y países de todo el orbe levantaron sus voces en contra del decreto. En nuestro país miles de venezolanos estamparon sus rubricas en cuadernos habilitados en las plazas Bolívar para solicitar a Obama derogar la medida.
Con el rechazo mundial a cuestas, Obama admitió que Venezuela no es una amenaza. Antes de viajar a la VII Cumbre de las Américas, realizada en Panamá entre el 9 y el 11 de abril de 2015, el presidente norteamericano declaró a la agencia EFE: "No creemos que Venezuela sea una amenaza para Estados Unidos y Estados Unidos no es una amenaza para Venezuela", aseveró.
No obstante, el pasado 4 de marzo, Obama aprobó una orden de continuidad de un año de la "emergencia nacional" declarada en 2015 sobre Venezuela, pues, a su juicio, "la situación no ha mejorado".
Para el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, esta acción tiene como objetivo ayudar a la derecha venezolana en sus planes para desestabilizar la institucionalidad y el orden democrático del país.
En ese marco, el decreto alienta a los factores antidemocráticos presentes en el país suramericano y, al mismo tiempo, genera condiciones para la restauración del modelo neoliberal en los pueblos latinoamericanos y caribeños, advirtió por su parte la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez.
Ante la decisión de Obama, Venezuela ha decidido someter a revisión integral las relaciones con los Estados Unidos de América."Nosotros sabemos que la intención de esta nueva ofensiva es la recomposición neocolonial y neoliberal que pretende atentar contra la unidad política, económica, financiera, comercial de nuestra región" con el fin de apropiarse de los recursos naturales y financieros de los países de Latinoamérica", señaló la Canciller Delcy Rodríguez a los medios.
