(Brasilia, 15 de brasil. EFE).- La Cámara de Diputados de Brasil inició hoy viernes la primera de las tres sesiones en las que se decidirá si el trámite para un juicio de destitución a la presidenta Dilma Rousseff llega al Senado, que tendrá la palabra final sobre el caso.
La sesión comenzó en medio del alborozo de diputados de la oposición que saludaron la apertura del debate al grito de “viva la democracia” y otras consignas en favor del “impeachment”, como se conoce el proceso de destitución de un mandatario.
Los debates en la Cámara baja se prolongarán hasta el próximo domingo, cuando se votará si el proceso debe llegar al Senado, que en caso de darle curso, separará a Rousseff del poder durante 180 días, plazo que tendrá la Cámara Alta para realizar el juicio político.
En esta primera sesión, en el pleno de la Cámara Baja serán escuchados representantes de la parte acusadora y también el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, que en este proceso representa a Rousseff.
Luego, los jefes de los grupos de los 27 partidos representados en la Cámara de Diputadospodrán tomar la palabra por un máximo de una hora cada uno, lo que puede llevar a que la sesión concluya durante la mañana del sábado.
Ese día, habrá una segunda sesión de debates, en la que podrán intervenir los 513 diputados, y el domingo se celebrará la votación, que se prevé que concluirá bien entrada la noche.
Si los parlamentarios se inclinan por proseguir el proceso, el Senado deberá definir, en un plazo aún no establecido, si finalmente será abierto el juicio político contra Rousseff, que será realizado por esa cámara legislativa.
En caso que el proceso se abra, Rousseff será separada del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para realizar el juicio y en ese período la reemplazará el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria y también bajo amenaza de un juicio político.
El trámite ha sido retomado después de que la Corte Suprema rechazó, en la madrugada de hoy, una demanda presentada por la Abogacía General del Estado, que pedía anular parte del proceso por supuestos “vicios procesales”, que fueron desconsiderados por la mayoría de los magistrados.
