AVN .- El Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, instaló una junta interventora que supervisará y obligará a la empresa privada Construmat C.A. culminar el complejo urbanístico Ciudad Justicia en Cumaná, estado Sucre, para la adjudicación de apartamentos a 450 familias.
Tal aseveración la hizo este martes luego de efectuar un recorrido por este desarrollo habitacional, acompañado por las familias víctimas de estafas inmobiliarias, por el gobernador del estado, Enrique Maestre, así como por funcionarios de diversos organismos nacionales y regionales vinculados a la vivienda.
El ministro Molina explicó que la junta está integrada por representantes del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y miembros de la comunidad estafada.
“El Gobierno y las comunidades organizadas tomaron acciones contundentes. A través del Indepabis ya se dictó la medida de ocupación temporal, también se designó la junta administradora y desde este momento, ya que la empresa no tenía ninguna intención de culminar esta obra, está obligada a terminarla”, expresó.
El titular de la cartera de vivienda consideró que este caso es importante para reafirmar la decisión del presidente de la República, Hugo Chávez, de hacer respetar los derechos de las familias venezolanas.
Por su parte, la vocera de las familias estafadas, Fany Silva, agradeció a los entes nacionales por ser garantes en hacer cumplir las leyes, para que las personas víctimas de estafas inmobiliarias reciban respuestas.
“Nos acaban de entregar una respuesta de ocupación temporal indefinida, hasta que cumplamos el logro de las tres etapas de Ciudad Justicia. Nos sentimos complacidos de que el Gobierno revolucionario responda por nuestras viviendas”, dijo Silva.
Asimismo, el gobernador del estado, Enrique Maestre, destacó que el Ejecutivo regional respalda estas medidas para proteger a las familias víctimas de estafas inmobiliarias.
Dijo que en Ciudad Justicia algunos apartamentos inconclusos fueron entregados a sus dueños, mientras que el resto de la obra está paralizada. “Ahora con esta medida, el Gobierno le transfiere la competencia a la junta interventora responsable de administrar a la empresa Construmat, y todos sus bienes”.
Añadió que la semana próxima se efectuará “la protocolización a las familias y se permitirá que ingresen los recursos para culminar los apartamentos; la misma junta interventora junto a los socios deben garantizar la construcción de los 300 apartamentos restantes (correspondientes a las etapas II y III)”.
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