El vicepresidente de Asuntos Sociales de Un Nuevo Tiempo y diputado a la Asamblea Nacional, William Ojeda, señaló que el Gobierno mediante su Ministerio de Servicios Penitenciarios sigue en mora con el país en el tema carcelario, porque debió presentar su Plan concreto de trabajo y hasta ahora no lo ha hecho.
El diputado de la Unidad Democrática exigió a jueces y fiscales “que cumplan con los lapsos, se apeguen a la Ley y concedan los beneficios de rigor en el proceso de rehabilitación”. Consideró que el Poder Judicial y Ciudadano, “junto al ejecutivo nacional, son los grandes responsables del monstruoso retardo procesal que existe en Venezuela”.
“El actual gobierno ha fracasado de forma absoluta en la agenda de seguridad ciudadana, fracaso que va desde la prevención hasta el tratamiento”, puntualizó.
Ojeda advirtió que el Ejecutivo nacional se vio obligado a levantar la medida de cierre de admisión de detenidos en los penales, porque fue una orden ministerial contraproducente, errada e improvisada.
“Apenas ocho días duró una medida que fue irresponsable, porque la misión del nuevo ministerio de servicios penitenciarios es mejorar el funcionamiento de las cárceles, no impedir que los detenidos sean ubicados en esos centros”, recalcó el también vicepresidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario del Poder Legislativo Nacional.
Con toda esta improvisación, según refiere Ojeda, queda demostrado que el actual gobierno ha protagonizado un gigantesco fracaso en materia de seguridad ciudadana, “fracaso absoluto que va desde la prevención hasta el tratamiento”.
¿Dónde está el Plan de Trabajo?
Ojeda llamó la atención sobre la inexistencia del Plan de Trabajo del nuevo Ministerio de Servicios Penitenciarios, “que fue creado ante el desastre que el régimen viene protagonizando en materia carcelaria y que tuvo su colofón con el desastre ocurrido en El Rodeo entre junio y julio del presente año”.
“Han pasado varios meses desde que se anunció la creación de este nuevo ente burocrático, y hasta el presente no se conoce cuál es su plan de trabajo. El último proyecto del actual gobierno en la materia terminó siendo una estafa irónicamente denominada ‘humanización carcelaria’, de allí que el país quiere saber qué van a hacer”, añadió.
“Hemos dicho que en atención al mandato del artículo 272 de la Constitución de la República debe hacerse lo siguiente en las cárceles venezolanas: deshacinar, clasificar a la población interna, desarmar y muy especialmente orientar el tiempo de los detenidos hacia el trabajo, el estudio, el deporte y la cultura”, enfatizó el diputado.
Gobierno, Jueces y Fiscales grandes responsables
Ojeda instó a todos los jueces y fiscales del país a cumplir con su deber, esto es, respetar los lapsos procesales y otorgar tanto medidas cautelares como los beneficios de rigor a los detenidos que muestren claro avance en su rehabilitación y “así resolver el monstruoso retardo procesal que existe en el País”.
“Es inaceptable que casi el 70% de la población interna en el sistema penitenciario venezolano sea de procesados, esto significa hay más de 30 mil personas privadas de libertad que son potencialmente inocentes porque no se les ha demostrado aún culpabilidad alguna, y en ese aspecto pudieran estarse cometiendo graves injusticias”, recalcó el dirigente de Un Nuevo Tiempo.
“Los tres poderes tienen una altísima cuota de responsabilidad en el desastre carcelario: Los jueces porque practican el efecto Afiuni y no conceden las correspondientes medidas cautelares y los beneficios que están obligados a conceder por ley; los fiscales porque sin importar si el supuesto delito es menor y le corresponde juicio en libertad o si no hay cúmulo indiciario suficiente para demostrar culpabilidad piden privativa de libertad a lo loco, para todo el mundo, tabla rasa en una especie de esquizofrenia judicial que nos está haciendo mucho daño; y finalmente el ejecutivo nacional, no cumple con los traslados ni hace los estudios técnicos”, acotó el diputado.
Vía Nota de Prensa
