Cuando se cumple un año del decreto presidencial que ordenó la expropiación y ocupación de 57 urbanismos en el país, el presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Augusto Montiel, puntualizó que, hasta el momento, se han procesado cerca de 140 mil denuncias por estafas. Montiel señaló que gracias a la acción de organismos gubernamentales estas denuncian han ido disminuyendo paulatinamente e informó que este año más de 11 mil familias afectadas recibirán el título de propiedad de sus viviendas.
Montiel reveló que se les reembolsó el dinero ilegalmente cobrado a cerca de 10 mil personas y a otras cinco mil se les entregó las casas que tenían retenidas las constructoras hasta tanto no cancelaran la diferencia de precio.
“Cerca de 15 mil también fueron fue beneficiadas por la actuación del Estado. Para lograr esto tuvimos que acudir al Tribunal Supremo de Justicia para buscarle una solución legal a estos pasos y poderles transferir su propiedad que pertenecía formalmente a unos prófugos de la justicia. Casos que los resolvimos a través delas juntas administradoras”, explicó el titular del Indepabis.
Montiel detalló que no todos los urbanismos tienen juntas administradoras, hay desarrollos que solo tiene prohibición de enajenar y gravar para que los promotores no las pudieran vender a terceros y de esta manera proteger a sus legítimos propietarios: los compradores.
“La situación de los inmuebles es variada. A algunos les falta poco, otros están apenas comenzados, también hay casos en los que no se ha puesto ni un ladrillo. En el sector público también se encontraron casos de organismos, principalmente el Ipasme, que contrataron a empresas privadas que no cumplieron”, agregó.
Respecto a las quejas sobre el avance de las obras, Montiel aclaró que la culpa no se le puede endilgar a las juntas administradoras. “Por qué no se termina El Encantado o San José del Ávila, por ejemplo. Los bancos dicen que el problema es que los responsables no se ponen de acuerdo, nosotros hacemos presión para que se resuelvan los inconvenientes. Muchos quieren que se les resuelva en seis meses, lo que no pudieron lograr en cuatro años”.
Con información de Correo del Orinoco
