México se ha convertido en el país más peligroso para los periodistas en la primera década del siglo XXI de toda América, según los últimos datos de la ONU: 70 informadores asesinados y 12 desaparecidos. Pero la cuenta sigue sumando: 13 asesinatos más entre enero y octubre de este año, 19 ataques con explosivos y armas de fuego contra sedes de medios de comunicación desde febrero de 2010 y 137 violaciones al derecho a informar como amenazas, secuestros y detenciones arbitrarias, apunta Darío Ramírez, director para México y Centroamérica de la ONG Artículo 19, que lucha por la libertad de expresión.El 90% de las víctimas, señala Ramírez, “son periodistas locales, de medios débiles, que son eliminados por el crimen organizado y las autoridades corruptas”. Además, añade, “el 80% de los reporteros asesinados estaba investigando casos de corrupción”. Las zonas más peligrosas son, en su opinión, “Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y la comarca lagunera en la frontera entre Durango y Coahuila”.
Javier Garza es director del periódico El Siglo de Torreón, en Coahuila, un territorio en disputa entre el cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán y los Zetas. “Los narcos tienen una noción muy depurada de las relaciones públicas y se fijan mucho en el espacio que reciben sus crímenes. Es una dinámica muy peligrosa y muy delicada porque saben que una decapitación tendrá mayor despliegue que una balacera y nos lo hacen saber. Incluso dejan cadáveres en las calles con mensajes del tipo ‘publiquen esto”, cuenta Garza.
“Decidimos que no queríamos ser voceros del crimen organizado y nos dimos cuenta de que la saña de las ejecuciones era parte del mensaje. Decidimos quitar escándalo y propaganda a los asesinatos, evitar los titulares amarillos y dar el mismo tratamiento a los crímenes salvo cuando se producen balaceras en lugares públicos”, añade.
La sede de El Siglo de Torreón fue tiroteada una medianoche de agosto de 2009. No hubo víctimas pero obligó al periódico a invertir en la seguridad —“la investigación posterior no llegó a ningún lado y nunca se detuvo a nadie”, recuerda su director— y a sus reporteros a tomar medidas: no llegar al lugar del crimen hasta que haya sido asegurado por el Ejército, no llevar identificación de periodista, máxima neutralidad en la redacción y hasta cambiar la manera de contestar los teléfonos.
La violencia contra los periodistas tiene otros dos efectos: la autocensura y el abandono de sus comunidades por algunos reporteros. Tras el asesinato de tres periodistas del diario Notiver en Veracruz en junio de este año, 13 colegas se marcharon del Estado entre julio y mediados de septiembre pasados y solo han regresado tres, según los datos de Artículo 19.
Además de la violencia y la impunidad, una nueva amenaza se cierne sobre la libertad de expresión en México. Esta vez sobre las redes sociales. La difusión de mensajes falsos y alarmantes el pasado 25 de agosto por dos tuiteros de Veracruz, que causaron pánico entre la población, llevaron al Congreso de ese Estado a una reforma del Código Penal que castiga con hasta cuatro años de cárcel y una fuerte multa a quien perturbe el orden público mediante la difusión de rumores por las redes sociales.
La “ley de Veracruz”, que ha sido recurrida por inconstitucional por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha sido imitada ya por otros tres Estados —Nayarit, San Luis Potosí y Querétaro— y otros 12 más están estudiando fórmulas legales similares. La iniciativa ha suscitado una fuerte polémica. A Daniel Moreno, director del periódico digital Animal Político, que ha superado los 20.000 lectores en su primer año de vida, esta política le parece “absurda, autoritaria y contraproducente”. “Las autoridades federales y, sobre todo, estatales creen que callar elimina la percepción de inseguridad. Ignoran que la información puede ser justo lo contrario, una herramienta para combatir el miedo, para visibilizar a las víctimas”, afirma. “Las redes sociales son indispensables para que los ciudadanos de lugares como Monterrey, Veracruz o Reynosa cuenten lo que ocurre”.
Pese a todo, la ONU destaca avances en la protección de la libertad de expresión en los últimos años en México como han sido la creación de una fiscalía federal especializada en investigar el asesinato de periodistas o la despenalización de los delitos contra el honor, si bien advierte de que “la diversidad y el pluralismo se encuentran limitados por la alta concentración en la propiedad de los medios”, sobre todo en radio y televisión.
