Nota de Prensa).- Las diputadas de Proyecto Venezuela ante el Consejo Legislativo de Carabobo, Neidy Rosal y Aura Montero, exigen al Poder Moral reabrir el juicio del caso de los 130 millones de kilos de comida descompuesta de Pdval,dado a los vicios que se están consiguiendo con la investigación a jueces y fiscales.
Las diputadas respaldan esta petición con la destitución del Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas, Santos Montero Tovar,quien llevaba el proceso y su relación directa con el ex Magistrado Eladio Aponte Aponte.
Con documentos en manos, las integrantes de la Comisión de Contraloría en el parlamento carabobeño, señalaron que en el juicio contra Pdval existe un andamiaje de jueces y fiscales vinculados con el entonces presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ, Eladio Aponte Aponte.
Aseguraron que Santos Montero, entre otros, fue designado como juez provisorio por la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales y los magistrados Eladio Aponte Aponte, Yris Armenia Peña Espinoza, Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, Luis Alfredo Sucre Cuba, Evelyn Marrero Ortiz y José Leonardo Requena, como secretario, de acuerdo con la Resolución Nº 2009-0075, del 09 de junio del año 2009.
Neidy Rosal y Aura Montero, señalaron que no solo el juez Montero Tovar, actuaba bajo responsabilidad de Aponte Aponte, sino que para el 29 de julio del año 2009, bajo ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores, Monerto actuó como Fiscal Militar, ya que era teniente de la Fuerza Armada, cumpliendo ordenes de Aponte Aponte, quien también era militar .Las legisladoras recordaron que el caso de la comida descompuesta de Pdval, tuvo dos avocamientos, el primero ocurrido el 05 de octubre del año 2010, fecha en la que se erradicó el juicio en Caracas, y el segundo, ocurrido el 14 de diciembre de ese mismo año, siendo presidente de la Sala de Casación Penal, Aponte Aponte, quien a su vez, asignó a Santos Montero el caso, tras cumplir funciones como Fiscal en la ciudad de Puerto Cabello.
Ante la situación, exigimos al Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y Contraloría General de la República, además de la Defensoría del Pueblo, como integrantes del Poder Moral, que se aboquen a reabrir de manera definitiva el juicio contra Pdval, por la perdida millonaria de 130 millones de comida que se pudrió, mientras el pueblo no consigue los alimentos en los mercados.
Rosal y Montero, comentaron que la Contraloría General de la República en su informe del año 2011, reconoció la denuncia sobre las toneladas de alimentos dañados, por lo que insistieron en la necesidad de que el juicio de Pdval se abra y castiguen a los verdaderos culpables.
En ese orden de ideas, las diputadas hicieron un llamado a los legisladores de la Asamblea Nacional, a presionar para que se haga una revisión completa del caso y se explique las razones del por qué el Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas, Santos Montero Tovar, no actuó apegado a la ley y la constitución de la República de Venezuela.
Con información de Prensa Prove
