AFP).- América Latina se encuentra dividida en las negociaciones de la conferencia de la ONU de un tratado para el comercio de armas, en medio del temor de algunos países de que ese instrumento se convierta en herramienta de presión o limite su desarrollo tecnológico.
Las discusiones en la conferencia de Naciones Unidas sobre una reglamentación del comercio de armas convencionales, que comenzó el 2 de julio y se celebra hasta el 27 de este mes, se encuentran estancadas a diez días de la fecha límite para un acuerdo.
El objetivo declarado es crear un conjunto de reglas para impedir el desvío de armas al mercado ilícito, así como su venta para que sean utilizadas contra civiles, para violar los derechos humanos o para alimentar un conflicto. La idea es que cada país exportador evalúe esos riesgos al efectuar una venta.
En ese marco, Venezuela y Cuba, y en menor medida Brasil, no quieren que un eventual tratado de este tipo afecte por un lado su seguridad nacional, y por otro sus aspiraciones a desarrollar tecnología o acumular armas.
“Puede haber una brecha para utilizar de manera oportunista el tratado contra algún país del Sur,por ejemplo prohibirle el acceso a armas para su defensa nacional“, dijo a la AFP una fuente diplomática de la ONU al referirse a la preocupación de algunos países latinoamericanos.
En su discurso en la conferencia, el representante brasileño Antonio Guerreiro indicó que su país rechaza un tratado que dé lugar a “prácticas potencialmente discriminatorias” o que suponga un obstáculo para las “legítimas aspiraciones de los Estados de hacer uso de tecnologías y bienes para promover su propio desarrollo”.
La delegación brasileña “no está a favor de la inclusión de criterios del tipo‘acumulación excesiva de armas’ por parte de un Estado o que asocien la una transferencia con problemas en los esfuerzos de reducción de la pobreza o desarrollo socioeconómicos”, advirtió.
De su lado, Venezuela quiere “salvaguardas” que prevengan “la politización o manipulación de un posible instrumento internacional por parte de los productores y exportadores más grandes” del mundo, según su representante Jorge Valero.
Por su parte, Cuba exige que no se incluyan “requerimientos informativos innecesarios” que puedan poner en peligro su seguridad nacional, e insiste en que los datos aportados lo sean de forma voluntaria.
Cuba se sitúa en un grupo de países (Argelia, Egipto, Siria, Irán, Corea del Norte, entre otros) que se esfuerza por limitar el tratado a la lucha contra el tráfico ilegal de armas y no quiere que se mezclen en la discusión criterios que puedan ser aplicados de manera selectiva, como los derechos humanos.
Comercio en alza en América del Sur
Si el tráfico ilegal de armas es una cuestión que toca más bien a Africa y Asia, la situación en América Latina marca un incremento armamentista en los últimos años.
Según el último informe del Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), el continente americano recibió entre 2007 y 2011 el 11% de las importaciones globales de armas, por delante de Africa (9%) y detrás de Asia y Oceanía (44%), Europa (19%) y Oriente Medio (17%).
Sin embargo, las importaciones en América del Sur crecieron un 77% en el periodo 2007-2011 en comparación con 2002-2006, de acuerdo con este estudio que analiza las transferencias mundiales de armas.
El Sipri destaca que las importaciones de Venezuela aumentaron un 555% con respecto al periodo 2002-2006, por lo que el país pasó del puesto 46 al 15.
De hecho, Venezuela y Chile (puesto 18) suman entre ellos el 61% de las importaciones del Cono Sur.
El informe advierte además que Brasil tiene un amplio número de pedidos efectuados que tendrán como resultado “un fuerte aumento en sus importaciones” en los próximos años”.
Al margen de sus compras, Brasil es a la vez el exportador número 20 de una lista que encabezan Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido.
Si Venezuela, Brasil y Cuba muestran reticencias en diferentes grados, un grupo de países de América Latina y el Caribe “amigos” del tratado dio a conocer durante la conferencia una declaración conjunta a favor de un acuerdo amplio que incluya todo tipo de transacciones y armas convencionales.
Este grupo está integrado por México, Chile, Colombia, Bahamas, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.
“Un tratado internacional no puede ser una declaración de buenas intenciones, es por definición un compromiso que crea obligaciones y derechos para todos”, resumió el jefe negociador mexicano Roberto Glowinski.
El gran desafío es convencer a los países escépticos de que no hay intención de imponerles el control de las potencias, como explicó a la AFP otra fuente diplomática de Naciones Unidas que participa de las discusiones, quien admitió de todos modos que entre éstas últimas hay divergencias.
Como la conferencia se decide por consenso, basta la negativa de uno de los 193 Estados miembro para provocar su fracaso.
En el comité general de la conferencia de la ONU hay tres países de la región (Argentina, México y San Vicente y Granadinas) y el argentino Roberto García Moritán es el presidente de la misma.
El mercado de la venta de armas mueve unos 70.000 millones de dólares por año.
