“Vivo en el lío”, le dijo Mariano Rajoy al catalán Artur Mas el pasado 1 de febrero. Desde esa fecha, el lío ha crecido exponencialmente con nuevos elementos de complicación, incluidos los que el propio Gobierno y el PP se han buscado en las últimas semanas, como las discrepancias internas por el caso Bolinaga,las disputas públicas entre ministros (Cristóbal Montoro contra José Manuel Soria) y las provocadas por circunstancias políticas, como el futuro del País Vasco tras las elecciones del 21-O.
A fecha de hoy, Rajoy intenta dirigir un circo de múltiples pistas, con la crisis y la eventualidad de una petición de rescate en los próximos meses en el centro del escenario. El presidente se encargó de recordarlo en el Consejo de Ministros del viernes. Habló a sus ministros de la importancia de mantener el euro, de sus gestiones para acelerar la unión fiscal y su agenda de la próxima semana que incluye recibir al presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y al presidente francés, François Hollande. La siguiente será con la canciller alemana, Angela Merkel. Rajoy se volcará en esos contactos para mitigar un posible rescate y, en todo caso, acompañarlo de actuaciones del Banco Central Europeo. De estas dos semanas depende en gran medida ese futuro inmediato.
Esa eventualidad de nuevo rescate condiciona, además, el calendario político. Una vez adelantadas las elecciones vascas para el 21 de octubre, miembros del Gobierno y del PP explican que se inclinan por preferir que las elecciones de Galicia se celebren también en esa fecha. Según esta versión, aunque la decisión última estará en manos deAlberto Núñez Feijóo, será fundamental la opinión de Rajoy y fuentes del partido dan por hecho que ya ha habido contactos entre ambos en los últimos días.La versión oficial del Gobierno y el argumentario transmitido al partido es que no hay nada decidido sobre el rescate. Y que, en todo caso, no tendrá nada que ver con lo que ocurrió en Portugal, Grecia e Irlanda y, por tanto, ni siquiera se le podrá llamar rescate. La complicación es que el Gobierno aún tiene que cumplir las condiciones del memorándum del anterior rescate bancario, incluida la negociación con la UE de la reforma del sistema financiero que tenía que haber ido ya al último Consejo de Ministros. Los hombres de negro han condicionado el calendario de esa reforma y el contenido al vetar aspectos esenciales como el referido a la venta de acciones preferentes a pequeños inversores. Fuentes del Gobierno admiten la imagen de país intervenido.
Respecto al País Vasco, el Gobierno no ha ocultado su preocupación por la inestabilidad por el previsto ascenso de la izquierda abertzale. La consigna es la de poner el foco en ese peligro. Dirigentes del PP barajan en privado la posibilidad de que, tras los comicios en Euskadi, el partido se vea abocado a tener que facilitar, como mal menor, un Gobierno en minoría del PNV y evitar un acuerdo de los nacionalistas con la izquierda abertzale. Esa posibilidad obligaría a equilibrios notables si el PNV mantiene su intención de poner el foco de su programa en la superación del Estatuto de Gernika.El plazo de convocatoria acaba el martes y, dado que no estará despejada la incógnita del rescate, fuentes del Gobierno y del partido apuestan por un adelanto también en Galicia para el 21 de octubre. La cruz de la decisión es que una derrota en esa comunidad supondría un varapalo incluso más fuerte que el fracaso en Andalucía y se comprobaría el rechazo social a las medidas de recorte, más aún si coincide la campaña con el rescate y con la tramitación de los restrictivos Presupuestos para 2013. Este lunes, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, abrirá el curso en el partido con un consejo de dirección en el que con toda seguridad se hablará de ese calendario.
Mayor Oreja, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, estará presente mañana lunes en el comité de dirección, en el que desde hace años no ha dejado de expresar su posición sobre la estrategia contra ETA, pidiendo que se mantengan las ilegalizaciones de las distintas marcas de Batasuna. El Gobierno prepara actuaciones dirigidas a ese sector de su electorado, como el arranque de la tramitación de la prisión permanente revisable para los terroristas.En este contexto, al Gobierno le ha surgido un incómodo e inoportuno debate interno por la situación del preso de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga. La guerra abierta entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el sector del partido que encabeza Jaime Mayor Oreja preocupa al Ejecutivo, porque puede abrir una brecha con una parte de su electorado y porque representa la voz de un sector histórico del PP en el que se sitúan también José María Aznar y Esperanza Aguirre, entre otros, y medios de comunicación afines. Fernández, colaborador de Rajoy desde hace años, tenía el beneplácito del presidente para responder abiertamente a Mayor Oreja, según fuentes del Ejecutivo. Obviamente, también lo tenía para conceder el tercer grado penitenciario al preso etarra. Esa brecha interna quedó plasmada horas antes de la intervención del ministro en una acalorada conversación que mantuvo con la presidenta de la Comunidad de Madrid tras un acto público. Tras discutir con Fernández, Aguirre se pronunció en público contra la decisión de Interior. En principio, la dirección del PP vasco apoya al Gobierno frente a Mayor Oreja, pero preocupa en el partido esa división en vísperas de la campaña vasca.
El otro enredo no deseado que le ha surgido a Rajoy es el de las grietas de funcionamiento en el Gobierno y en el partido. En la mayoría de los casos tiene que ver con los defectos de diseño del Ejecutivo y de la relación con el partido; por un lado, porque el equipo económico carece de una cabeza clara y, por otro, porque no hay mecanismos de coordinación entre el Ejecutivo y Génova. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tuvo que volver a imponer esta semana su autoridad para acallar la insólita disputa pública entre el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Industria y Energía, José Manuel Soria, a propósito de la fiscalidad energética. La número dos del Gobierno llamó a ambos para que abandonaran la disputa pública, con la idea de que las decisiones no corresponden a cada ministerio sino al conjunto del Ejecutivo.
Influye la personalidad de los afectados. En el caso de Soria, es admitida en el PP su falta de cintura política y su dificultad innata para llegar a acuerdos. En frase apócrifa, pero atribuida a Javier Arenas hace años: “El problema de Soria es que, si sube en un ascensor, antes de llegar al tercer piso ya ha discutido con todos”. Todas las fuentes aseguran que Rajoy no hará ningún cambio en el Gobierno, porque supondría admitir defectos y porque no cuadra con su personalidad.En este caso, se pone en evidencia la falta de un vicepresidente económico, una vez que Rajoy prefirió asumir personalmente esa coordinación. En la etapa de Aznar, Rodrigo Rato tenía la autoridad suficiente para que ni una sola decisión económica escapara de su control. En el caso de Pedro Solbes y Elena Salgado con José Luis Rodríguez Zapatero esa autoridad tuvo matices, incluidas desautorizaciones expresas al vicepresidente, pero se mantuvo la jerarquía. Ahora, es la vicepresidenta la que hace frente a disputas sobre competencias económicas. Antes fueron Montoro y Luis de Guindos y ahora Montoro y Soria.
En cuanto a la coordinación con el partido, esta semana se va a producir un hecho que puede incluir cambios de funcionamiento y quizás fricciones de ajuste: la reincorporación de Arenas a la estructura del partido, tras su salida de Andalucía. La idea de Rajoy es que tenga un papel destacado, aún por definir pero que tendría que ver con esa coordinación.
Varios ministros se quejan abiertamente de la falta de respaldo del partido y, desde el PP, se lamenta desde hace meses la escasez de puentes entre ambos que hace, por ejemplo, que en los maitines de los lunes no haya presencia de ningún miembro del Gobierno. A esa situación se une la de las dificultades de relación entre personas concretas como la vicepresidenta del Ejecutivo y la secretaria general de la formación, Dolores de Cospedal.
El otro foco de preocupación para el Gobierno es el que tiene que ver con las protestas sociales por los recortes. El Ejecutivo da por hecho que se reproducirán, aumentados, los episodios de protesta iniciados antes de verano e intenta hacerles frente con explicación y presencia pública de sus ministros.
EL PAIS
