Sectores
empresariales y dirigentes políticos pertenecientes a la oposición venezolana,
han escogido el camino de la guerra económica como mecanismo de acción política
para tratar de derrotar al gobierno bolivariano.
La política de
promocionar a través de las redes sociales el desabastecimiento y, la
publicación constante de videos sobre este tema pretenden crear un ambiente
propicio para que se repitan sucesos como los del 27 de febrero de 1989.
Figuera señaló que
existe un sector del empresariado comprometido, en un plan político cuyo
objetivo es crear las condiciones para propiciar un caos social, y chantajear
al nuevo gobierno para que levante el control cambiario.
El discurso de las
principales asociaciones empresariales está orientado a presionar a la
dirigencia revolucionaria, y obligarla a negociar la liberalización de la
economía bajo la amenaza de una explosión social.
Los gremios
empresariales deben entender que una situación de violencia causaría daños
irreparables al país, y no beneficia a
ningún sector político, por lo cual están obligados a mancomunar esfuerzos para
garantizar la paz de la nación.
La cúpula política y
empresarial debe colaborar para mantener la gobernabilidad, y facilitar el camino para
que el gobierno pueda aplicar libre de presión las medidas económicas que
garanticen la estabilidad macroeconómica y social del país.
Para finalizar el
líder boina roja exhorto al pueblo a evitar caer en la desesperación, ya que el
gobierno mantiene un dialogo institucional con empresarios para garantizar la
buena marcha de la economía, y lograr que el índice de escasez vuelva a su
ritmo normal.
