Nota de Prensa). En el marco del foro “Criminalización de la protesta y persecución política” organizado por Voluntad Popular a raíz del encarcelamiento de Antonio Rivero, el Dr. Luis Salamanca, abogado, politólogo y ex rector del Consejo Nacional Electoral, afirmó que con la criminalización de la protesta “se le está atribuyendo el carácter de criminal,capaz de cometer delitos graves como matar, herir o robar, a un ciudadano que ejerce sus derechos políticos constitucionales, pero que un día se despierta convertido por la actividad punitiva del Estado en un delincuente”.
A su juicio, esto significa torcer el sentido de la legalidad penal y forzar procesos para incriminar personas que disientan del gobierno. “Se reforman las leyes penales y se introducen unos artículos muy genéricos que tienen toda la intención de ser usados para frenar este tipo de actividades. De tal manera que es una situación verdaderamente anti institucional que debe ser reflexionada por el país porque todos podemos ser objeto de medidas de este tipo”.
Finalmente, dijo: “Pensar detener la protesta ciudadana con medidas de este tipo es una ilusión por parte del Estado pero conduce a poner en riesgo la vida de las personas. Nunca ejercer un derecho puede ser un crimen. Esto nos lleva a llamar a la gente a estar atentos a este proceso y a oponerse a ello porque progresivamente la libertad de manifestar, de disentir, será restringida”.
Sin un sistema de justicia independiente, no se puede hablar de democracia
Rafael Veloz, miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, señaló que la administración de justicia no ha dado respuesta al tema de la inseguridad porque hay impunidad en Venezuela para la persecución del delito, y tampoco investiga los hechos de corrupción en los que se han visto implicados funcionarios del Gobierno, pero sí utiliza la administración de justicia para criminalizar la protesta, cuando este derecho está garantizado en la Constitución Nacional.
Afirmó que ante el encarcelamiento de Antonio Rivero “nos encontramos con la legalidad de actos arbitrarios, la utilización del vestido judicial para la persecución política, ante un escenario de terrorismo judicial”. A su juicio, con estas maniobras se busca restringir las acciones de protesta legítima y constitucional que tienen las organizaciones políticas, con la finalidad de que Voluntad Popular sea declarada ilegítima.
El también presidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) y Ex-presidente del Colegio de Abogados de Caracas, recordó que un juez de primera instancia en funciones de control en materia de antiterrorismo, abrió una investigación a Antonio Rivero y le imputó los cargos de instigación pública al odio y asociación para delinquir, este último tipificado en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Sin embargo, esta legislación abarca las organizaciones delictivas de corte internacional, por lo que “se trata de decirle a Venezuela que Voluntad Popular y uno de sus dirigentes, Antonio Rivero, forman parte de una organización delictiva internacional”, en la que también se encontraría el cineasta Timothy Tracy, detenido recientemente.
“Ante estas circunstancias, seguimos protestando, realizando conversatorios y asambleas, procurando el pronunciamiento de universidades y especialistas en la materia, para seguir señalando ante las instancias nacionales, internacionales y la opinión pública que la situación de la democracia venezolana está realmente debilitada. Cuando no tenemos un sistema de justicia independiente, no podemos hablar de democracia”, enfatizó.
