AVN).- El caso de los 33 mineros atrapados por un derrumbe durante 69 días en 2010, en Chile, fue cerrado este jueves sin acusados por la Fiscalía de Atacama, porque no se “encontraron” evidencias contra los dueños de la mina San José.
Una nota divulgada por Telesur refiere que el Ministerio Público estableció que no existían antecedentes “suficientes” para continuar la indagación contra los dueños del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, así como a las autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de la época.
“Se adoptó esa decisión de no perseverar, porque no había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado”, señaló el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías.
Según el fiscal, se investigó “la situación que todo el mundo sabe que ocurrió (el derrumbe) y el conocimiento de las querellas que se habían presentado, que tenían que ver con delitos de carácter funcionario”.
La operación de rescate duró 25 horas en total y se ejecutó con una cápsula especial diseñada por la Armada de Chile, la cual permitió extraer uno a uno a los trabajadores que se encontraban atrapados a 700 metros de profundidad.El desplome ocurrió el 5 de agosto de 2010 y no fue hasta el 13 de octubre de ese año que los mineros pudieron ser rescatados.
Luego del derrumbe, los familiares de los afectados apuntaron sus demandas contra Sernageomin por no haber fiscalizado las condiciones de seguridad del yacimiento, que se encontraba en manos de la empresa San Esteban.
Al momento del problema, Sernageomin disponía sólo de tres inspectores en toda la región de Atacama y a pesar de que la mina San José ya tenía dos trabajadores fallecidos, dos amputados y 36 heridos en siete años, la misma no detuvo sus labores, según reporte del Centro de Investigación Periodística (Ciper).
Una comisión del Congreso chileno había elaborado un informe y culpó a los dueños del yacimiento y a Sernageomin del accidente. En su comparecencia ante el Parlamento Alejandro Bohn pidió disculpas por el suceso y responsabilizó al Servicio de Geología por la reapertura de la mina.
A fines de marzo pasado la Confederación de Trabajadores del Cobre exigió mayores medidas de seguridad para los asalariados del sector, con motivo de la muerte de un obrero a causa de un derrumbe en la mina Radomiro Tomic.
El presidente del gremio, Cristian Cueveas, consideró una señal de buena voluntad la dimisión del gerente general de la mina, Francisco Carvajal, pero aseguró que no constituía la solución del problema, que debe implicar nuevas medidas para garantizar la seguridad en todas las Divisiones de la Corporación del Cobre (Codelco).
