Nota de prensa).- Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado a 30 años de prisión el comisario general jubilado de la extinta Dirección General de Policía (Digepol), Homero Sánchez Araujo (64), por su responsabilidad en la muerte de la joven estudiante Eslaida Vásquez, ocurrida el 29 de julio de 1973, en Tinaquillo, estado Cojedes.
Durante el juicio oral y público, los fiscales nacionales 39º, auxiliar, y 80°, Juan Carlos Tabares, Héctor Alvarado y Elvis Rodríguez, respectivamente, ratificaron la acusación contra el sexagenario por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil,quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República, y uso indebido de arma de guerra.
Una vez evaluadas las pruebas presentadas por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 2º de Juicio de Cojedes dictó la referida condena contra el comisario general, quien permanecerá recluido en el Internado Judicial de Barinas.
En julio de 1973, Sánchez Araujo, acompañado de funcionarios de la Digepol, se presentó en la residencia de Vásquez, ubicada en Tinaquillo, y le disparó sin mediar palabrascausándole la muerte de manera inmediata.
Luego de varios procedimientos coordinados por el Ministerio Público, el exfuncionario fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana el 1º de marzo de 2013, en los Valles del Tuy, estado Miranda, ante la orden de aprehensión acordada por el Tribunal 1° de Control de Cojedes.
Es oportuno destacar que este es uno de los casos investigados por el Ministerio Público, relacionado con las violaciones de derechos humanos ocurridas entre los años 1958 y 1998.
Es oportuno destacar que este es uno de los casos investigados por el Ministerio Público, relacionado con las violaciones de derechos humanos ocurridas entre los años 1958 y 1998.
Vale recordar que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, constituyó una comisión dirigida por la directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, y conformada por fiscales de esa dependencia, asesores y expertos de la Dirección de Asesoría Técnico-Científica e Investigaciones y de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, quienes fortalecen las investigaciones en dichos casos.
