El Gobierno argentino volvió a privatizar hoy la gestión de la mayoría de las líneas ferroviarias, aunque impuso nuevos controles y un severo régimen de sanciones en caso de incumplimientos a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Dos de las líneas que conectan Buenos Aires con su área metropolitana, Mitre y San Martín, serán operadas por Roggio, uno de los grandes grupos en infraestructuras de Argentina y accionista mayoritario de Metrovías, la operadora del metro.
Las dos restantes, las líneas Belgrano Sur y Roca, quedarán en manos del grupo Emepa, una de las empresas que integró la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia que creó el Gobierno cuando nacionalizó la gestión, según se detalla en el documento firmado por el ministro de Interior y Transporte argentino, Florencio Randazzo.
La línea Sarmiento, foco de reiterados accidentes que en los dos últimos años dejaron 54 muertos y centenares de heridos, continuará bajo control estatal a través de la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y a la Administración de Infraestructura Ferroviaria (Adif).
"Hemos dispuesto un nuevo régimen de operación que obliga a las empresas a presentar planes anuales sobre las frecuencias de los trenes, su mantenimiento, limpieza de estaciones y calidad de los servicios", afirmó el ministro.
"En este sentido, creamos un estricto régimen de penalidades para sancionarlos en el caso en el que no se cumplan estas pautas", continuó Randazzo, y se contemplará la rescisión de las concesiones en caso de faltas que pongan en riesgo la vida de los pasajeros.
En ese marco, el Gobierno indicó que con la aprobación de los nuevos acuerdos de operación ferroviaria busca "mejorar la calidad de los servicios e incrementar el control sobre las empresas que operan los trenes del área metropolitana de Buenos Aires".
"Por pedido de la presidenta Cristina Kirchner encaramos un ambicioso plan de renovación de los trenes del área Metropolitana que incluye la llegada de más de mil coches nuevos durante este año y una fuerte inversión en materia de infraestructura ferroviaria de cambio de vías y renovación de estaciones", aseguró el funcionario.
En febrero de 2012, 51 personas murieron y más de 700 resultaron heridas cuando un tren se empotró contra el andén de la transitada estación de Once, en Buenos Aires, perteneciente a la línea Sarmiento.
Un año y medio después de la Tragedia de Once, el choque de dos trenes en el oeste del conurbano bonaerense causó tres muertos y más de 300 heridos en la misma línea.
El último accidente ocurrió el pasado noviembre, en plena campaña electoral legislativa, y dejó un saldo de 80 heridos.
Tras los distintos siniestros, el Ejecutivo de Cristina Fernández optó por estrategias de nacionalización total o parcial de las líneas y anunció inversiones y mejoras en la seguridad ferroviaria.
Sin embargo, el servicio de trenes, que usan a diario unos 2,7 millones de pasajeros que se desplazan entre la ciudad de Buenos Aires y su poblada área metropolitana, sigue siendo objeto de fuertes críticas por parte de los usuarios.
El próximo 18 de marzo comenzará el juicio para esclarecer las causas del accidente de 2012 en Once y la responsabilidad de más de una treintena de imputados, entre los que figuran los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. EFE
