El Secretario de Organización de Profesionales y Técnicos de AD, Manuel Rojas Pérez, alertó que el proyecto de reforma de la Ley de Estatuto de la Función Pública, que llevó el jueves ante el Ejecutivo el presidente Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, busca amedrentar a los empleados de carrera del Estado que no concuerdan con el PSUV.
“El Gobierno quiere eliminar la importancia de la profesionalidad para que los funcionarios ahora sean obligados por ley a militar en un partido político. Nos declaramos en defensa de los funcionarios públicos medios, que han construido una carrera, que han ganado concursos, y cuyos derechos deben ser respetados”, dijo Rojas Pérez, abogado especialista en derecho funcionarial y profesor universitario en el área.
El jurista manifestó su preocupación por el proyecto introducido por Fentrasep que fue elaborado por la dirigencia sindical cercana al Gobierno. Asegura además que este vulnera los derechos sindicales, y coacciona a los trabajadores del Estado.
“Vemos el riesgo de que con una legislación de este tipo pretendan amarrar a los empleados por el estómago y chantajearlos con su salario. La unión cívico militar se ha traducido en obligar a los empleados públicos a ir a las concentraciones del PSUV”, señaló Rojas Pérez sobre la creación “voluntaria” de milicias obreras en el sector público, uno de los cambios que informó el presidente de Fentrasep, Franklin Rondón, uno de los autores del proyecto de reforma de la ley que rige las relaciones del Estado con los trabajadores de su burocracia.
La participación de los trabajadores en el desmontaje del “Estado burgués y explotador” fue otro de los puntos anunciados por Fentrasep.
Rojas Pérez hace una precisión: “Al Estado explotador lo vimos en el periodo de Hugo Chávez, cuando se aplicó la ‘Lista Tascón’ (que expuso a quienes había firmado para convocar un referéndum presidencial revocatorio) para discriminar trabajadores; o cuando se obliga a los funcionarios a ir a actos oficialistas y se les limita el ejercicio de sus derechos políticos”.
El abogado advierte que un cambio en esta norma significaría un retroceso, pues entre los logros del siglo XX venezolano estuvo que la función pública se definiera como objetiva, al margen de la pertenencia al partido de gobierno. “Se puede someter a todo el aparato estatal al culto a la personalidad”, alerta.
