El deshielo entre Estados Unidos y Cuba propicia extraños compañeros de viaje. Por una vez, miembros de las dos posiciones más extremas en las enrevesadas relaciones de EE UU con la isla, el Gobierno de La Habana y representantes del exilio de Miami, parecen coincidir en algo: la necesidad de reformar o incluso acabar con la Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés).
Esta ley es la que ha permitido, desde 1966, que los emigrantes cubanos gozaran de un privilegio inasequible para tantos otros que sueñan con rehacer su vida en EE UU: ser residentes legales en breve tiempo. Concretamente, un año y un día después de haber pisado territorio estadounidense. Todo ello en un país que tiene a millones de personas sin papeles pese a llevar años, y hasta décadas, viviendo en su territorio.
Para enfado de La Habana, el Gobierno estadounidense insiste en que no piensa tocar esta normativa pese a la normalización de relaciones anunciada el 17 de diciembre. Una posición que no solo indigna a la isla, que considera que la ley es “el principal estímulo a la emigración ilegal y al tráfico de personas desde Cuba”. Paradójicamente, en Miami, principal destino de los que se benefician de ella, se han alzado en los últimos tiempos voces de políticos, en su mayoría republicanos, contra la CAA. Ric Herrero, director ejecutivo de la organización CubaNow, sostiene que su rechazo tiene un trasfondo electoral. Esta ley “diluye el apoyo a los republicanos, porque los que están llegando de Cuba y están pasando por el registro para hacerse ciudadanos terminan votando, en gran parte, demócrata”, afirma.
Un argumento que apoyan las encuestas. Según el Pew Research Center, la llegada de más de medio millón de inmigrantes cubanos desde los noventa ha “alterado la demografía” de esta población en EE UU. Y su línea de voto: el 57 % de los cubanos llegados en las dos últimas décadas dicen “identificarse o tender” hacia el Partido Demócrata. Solo el 19 % votaría republicano, tal como hacen mayoritariamente los cubano-americanos del exilio.
Las críticas oficiales de Miami no mencionan este argumento, sino que alegan que La Habana ha aprovechado esta ley para deshacerse de disidentes incómodos o incluso enviar a espías a EE UU, como dijo a El Nuevo Herald el comisionado de Miami Bruno Barreiro. En el mismo día en que comenzaban en La Habana las conversaciones para normalizar las relaciones bilaterales, la Comisión del Condado Miami-Dade aprobó pedirle al Congreso la revisión de la CAA. Barreiro, un republicano hijo de cubanos que se beneficiaron de esa ley, quería incluso su derogación total.
Congresistas republicanos de origen cubano como Ileana Ros-Lehtinen o Carlos Curbelo también han cuestionado una normativa ideada para los perseguidos políticos, pero que ha acabado beneficiando de forma indiscriminada a los que emigran por motivos económicos y que —para indignación de los que se oponen a cualquier apertura— no dudan en viajar a Cuba en cuanto pueden.
Washington no ha explicado por qué se niega a reformar o derogar esta ley, aunque según los expertos se debe a que teme que si anuncia su fin se provoque una migración masiva. La Guardia Costera ya ha incrementado su patrullaje en el Estrecho de Florida desde el anuncio del 17 de diciembre. Las autoridades han reconocido un aumento de los intentos de llegar a EE UU de forma ilegal desde Cuba, tanto por mar (481 cubanos lo hicieron en diciembre de 2014, un 117 % más que el mismo mes de 2013) como por tierra: casi 6.500 cubanos alcanzaron la frontera de EE UU y México en los tres últimos meses del año pasado, un 50 % más que el anterior.
Al ser una ley su reforma está en manos del Congreso, aunque Obama tendría que darle su aprobación final. “No creo que vaya a quedar intacta”, adelantaba Ros-Lehtinen al diario de Miami. Una postura que Herrero no duda en criticar en vista del rotundo no de los políticos cubano-americanos a revisar el embargo. “Si vamos a decir que las cosas han cambiado lo suficiente para revisar la Ley de Ajuste Cubano, entonces podemos decir que las cosas han cambiado lo suficiente para revisar el embargo”, sostiene.EL PAIS
