La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la principal patronal chilena, anunció este martes que expulsará de la entidad a las personas o empresas que se vean involucradas en delitos o hechos de corrupción como los que han estremecido el sector en los últimos días.
"Empresa o persona socia del gremio que sea imputada, se va a congelar o suspender su membresía (inscripción) mientras dure la investigación. En caso de ser condenada por la justicia, esa empresa o persona será expulsada", aseguró Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC.
El pasado sábado un juez chileno ordenó prisión preventiva para seis de diez imputados en delitos tributarios, sobornos y otros delitos en el llamado caso Penta, entre ellos dos poderosos empresarios y un exsubsecretario de Minería.
A ello se suma el llamado "caso Caval", un negocio inmobiliario que reportó una millonaria ganancia al hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y a la esposa de este, Natalia Compagnon.
Cruz señaló a los periodistas que debido a estos hechos, la CPC se acordó modificar los códigos de ética de cada uno de los sectores afiliados para sancionar a quienes infrinjan la ley.
Explicó que siempre la CPC ha manifestado que todos los casos y actuaciones apartadas de la legalidad y la ética "no solo merecen nuestra desaprobación sino que también no las vamos a amparar".
"Las condenamos de forma enérgica y pedimos y estamos seguros que los tribunales harán su trabajo y se aplicarán todas las sanciones que contemple la legislación", comentó.
A su juicio, es importante "regular en forma clara y transparente la relación entre el dinero y la política".
Los imputados en el caso Penta, un banco de inversiones que maneja recursos por 20 mil millones de dólares, están acusados de defraudar al fisco mediante delitos tributarios,cohecho, sobornos y otras conductas reiteradas, como la financiación de campañas electorales mediante negocios ficticios cuyo costo justificaban con facturas falsas.
Caval, una pequeña empresa en cuya propiedad participa Natalia Compagnon, la esposa de Dávalos, obtuvo con intervención de este un préstamo del Banco de Chile por el equivalente de unos 10,4 millones de dólares para comprar unos terrenos que tiempo después vendieron con una ganancia de 4,8 millones de dólares.
En la concesión del préstamo, gestionado en noviembre de 2013, cuando Bachelet ganó las elecciones presidenciales, participó Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco, cuya propiedad es controlada por su familia.
El caso es investigado por eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias y su repercusión ha golpeado duramente la popularidad de Bachelet, mientras Dávalos debió renunciar a su cargo de director sociocultural del Gobierno.
"Empresa o persona socia del gremio que sea imputada, se va a congelar o suspender su membresía (inscripción) mientras dure la investigación. En caso de ser condenada por la justicia, esa empresa o persona será expulsada", aseguró Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC.
El pasado sábado un juez chileno ordenó prisión preventiva para seis de diez imputados en delitos tributarios, sobornos y otros delitos en el llamado caso Penta, entre ellos dos poderosos empresarios y un exsubsecretario de Minería.
A ello se suma el llamado "caso Caval", un negocio inmobiliario que reportó una millonaria ganancia al hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y a la esposa de este, Natalia Compagnon.
Cruz señaló a los periodistas que debido a estos hechos, la CPC se acordó modificar los códigos de ética de cada uno de los sectores afiliados para sancionar a quienes infrinjan la ley.
Explicó que siempre la CPC ha manifestado que todos los casos y actuaciones apartadas de la legalidad y la ética "no solo merecen nuestra desaprobación sino que también no las vamos a amparar".
"Las condenamos de forma enérgica y pedimos y estamos seguros que los tribunales harán su trabajo y se aplicarán todas las sanciones que contemple la legislación", comentó.
A su juicio, es importante "regular en forma clara y transparente la relación entre el dinero y la política".
Los imputados en el caso Penta, un banco de inversiones que maneja recursos por 20 mil millones de dólares, están acusados de defraudar al fisco mediante delitos tributarios,cohecho, sobornos y otras conductas reiteradas, como la financiación de campañas electorales mediante negocios ficticios cuyo costo justificaban con facturas falsas.
Caval, una pequeña empresa en cuya propiedad participa Natalia Compagnon, la esposa de Dávalos, obtuvo con intervención de este un préstamo del Banco de Chile por el equivalente de unos 10,4 millones de dólares para comprar unos terrenos que tiempo después vendieron con una ganancia de 4,8 millones de dólares.
En la concesión del préstamo, gestionado en noviembre de 2013, cuando Bachelet ganó las elecciones presidenciales, participó Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco, cuya propiedad es controlada por su familia.
El caso es investigado por eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias y su repercusión ha golpeado duramente la popularidad de Bachelet, mientras Dávalos debió renunciar a su cargo de director sociocultural del Gobierno.
EFE
