A casi dos meses de cerrar el cuarto año de Gobierno, el presidente de Perú, Ollanta Humala, todavía brega contra dos situaciones que surgieron en 2014 y que hoy son la causa de su gran caída de popularidad y apoyo entre la sociedad, según la encuestadora GfK: el conflicto minero de Tía María, en la sureña provincia de Islay, y la investigación por supuesta corrupción y lavado de activos por parte de su exasesor de campaña y amigo Martín Belaunde Lossio, preso en Lima desde el viernes 29.
El 77% de los peruanos desaprueba la forma en que el jefe de Estado está conduciendo su Gobierno, lo que supone una pérdida de apoyos del 8% respecto al sondeo realizado el pasado abril.
Uno de los mayores focos de conflicto son las protestas sociales por el proyecto minero de Tía María, a cargo de la empresa Southern Copper, del Grupo México. El proyecto, que prevía la creación de una mina que podía producir 120.000 toneladas de cobre anualmente, se ha topado con la oposición del valle agrícola del Tambo y de organizaciones ecologistas. La compañía pretendía usar agua del río Tambo para la operación minera y afloraron las protestas: ya en 2011 hubo tres muertos civiles durante enfrentamientos de manifestantes contra la policía. Este año, a finales de marzo, dos alcaldes distritales y dirigentes de las juntas de riego de la provincia de Islay, a la que pertenece el valle, convocaron a un paro indefinido contra el proyecto. Con un estudio de impacto medioambiental bajo el brazo, los protestantes alegan que la extracción de cobre perjudicará además los cultivos de arroz, ajo y tuna, entre otros.
Muertos en protestas
Las protestas y bloqueos de carreteras llevaron a enfrentamientos con la policía que en mayo dejaron un saldo de tres muertos civiles y de un agente de la Policía Nacional. El viernes 22 de mayo, Humala declaró el estado de emergencia en la provincia, y desde entonces algunos opositores al proyecto minero huyeron a la ciudad de Arequipa debido a las detenciones intempestivas.
El presidente ejecutivo de Southern Copper, Óscar Gonzalez Rocha, anunció dos meses de pausa en el proyecto Tía María, que usarán para difundir localmente las características del proyecto. En una entrevista en televisión, el empresario reconoció que “probablemente algo falló” en este caso, y la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, informó que la Unión Europea está dispuesta a financiar una revisión del segundo estudio de impacto ambiental del proyecto, cosa a la que el Ejecutivo se resiste.
Belaunde Lossio fue jefe de la campaña presidencial de Humala en 2006, y colaboró en la de 2011. Además, la madre de uno de sus hijos, Roxana Altuna, fue hasta noviembre una de los dos asesores de la primera dama Nadine Heredia en Palacio de Gobierno: renunció al cargo en el momento más tenso de las acusaciones de corrupción a su expareja.Pero otro factor mella el Gobierno de Humala. “Los errores con el proyecto minero Tía María ya lo estaban golpeando, pero la fuga de Martín Belaunde Lossio fue un segundo impacto, casi en simultáneo, que profundizó un malestar agudizado por los conflictos en el sur. Humala tiene dos frentes complicados y pocos recursos para afrontarlos”, comenta el director de la encuestadora GfK, Hernán Chaparro.
El empresario está procesado judicialmente por su vínculo con una red criminal liderada por el expresidente de la región Ancash, y es investigado por representar a la empresa española Antalsis, que obtuvo contratos millonarios con el Estado y no terminó las obras de construcción por las cuales se le pagó. Belaunde tenía una orden de captura desde mayo 2014 pero se fugó a La Paz, pidió asilo —que no le fue concedido— y cuando la justicia boliviana aceptó que Perú lo extraditara, se fugó a su vez del arresto domiciliario. Cinco días después, la policía de Bolivia lo capturó camino a Brasil y hoy está preso en Lima.
EL PAIS