Organizaciones de la sociedad civil mexicana calificaron de "ilegal" la suspensión indefinida de la evaluación de los maestros y acusaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de extralimitarse en sus funciones.
El Gobierno cede así ante los "chantajes de grupos organizados dentro del sistema educativo que están interesados en perpetuar prácticas contrarias a la excelencia educativa", señala un comunicado difundido hoy por el centro de análisis de políticas públicas México Evalúa y firmado por una veintena de organismos, además de ciudadanos independientes.
La SEP anunció el viernes que se suspenderían indefinidamente las pruebas al personal docente de educación básica y media superior, incluidas en la reforma educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013 con el apoyo de los principales partidos de la oposición.
La reforma fue rechazada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se ha movilizado en señal de protesta en varias ocasiones, como hoy, con la toma de las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en el sureño estado de Oaxaca.
Los maestros se oponen al proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia del personal docente, algo que no existía en la educación pública mexicana hasta la aprobación de la reforma al sector, y han amenazado con boicotear los comicios.
El próximo 7 de junio 83 millones de mexicanos están convocados a las urnas para elegir 1.996 cargos públicos, entre ellos 500 diputados federales y los gobernadores de nueves estados.
Las asociaciones civiles consideran que la SEP ha "extralimitado sus facultades legales" y que su actuación "unilateral" invade las atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
"Se da la espalda a las decenas de miles de buenos maestros que añoran un sistema educativo en el que sea el mérito, y no consideraciones políticas y de lealtad sindical", expresaron las organizaciones, que aludieron a los 190.234 docentes aspirantes a nuevo ingreso y 59.554 maestros que buscan promoción.
Concretamente, señalaron que la suspensión de las pruebas promueve que se continúe con prácticas como "el otorgamiento de una plaza magisterial de forma automática a todo aquel egresado de las escuelas normales públicas" o los ascensos que se distribuyen por criterios tales como la participación en marchas y plantones.
Por todo ello, pidieron a Peña Nieto que "dé marcha atrás a este anuncio", y que no permita que la educación del país se use como "moneda de cambio para negociar con grupos que sistemáticamente violan la ley de forma impune".
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Mexicanos Primero, México Cómo Vamos, Suma por la Educación y la Coalición Muévete por la Educación, entre otras.
EFE
