El Ministerio Público, a través de la Escuela Nacional de Fiscales (ENF), realizó este jueves una jornada sobre los derechos venezolanos de soberanía en el Esequibo, dirigida a directores y fiscales municipales de la institución.
El vicefiscal general, Joel Espinoza Dávila recordó el lineamiento de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, para que desde las fiscalías municipales se inicien las labores de difusión sobre de la disputa legítima de Venezuela por el Esequibo.
A su juicio, este asunto debe ser concebido como un problema de estado, en el que los venezolanos deben participar activamente, a fin de contribuir, reafirmar la soberanía territorial y defender los recursos naturales que existen en la zona.
Espinoza dijo que entre esas riquezas en el subsuelo de la Guayana Esequiba destacan el petróleo, el gas natural, el manganeso, el uranio, la bauxita y las reservas de agua y oxígeno.
Por su parte, el consultor jurídico de la institución, Rafael González Arias, quien también participó como ponente resaltó la reactivación del mecanismo del buen oficiante ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), previsto en el Acuerdo de Ginebra de 1966.
De igual manera cuestionó que el gobierno de la República Cooperativa de Guyana haya otorgado en 1993, de manera inconsulta e ilegal, concesiones mineras a varias empresas transnacionales, frente a las costas de la franja en reclamación.
Ginebra no prohíbe concesiones
González Arias explicó que si bien el Acuerdo de Ginebra no prohíbe las concesiones, tampoco niega las pretensiones de soberanía de Venezuela en esta franja de 159 mil kilómetros cuadrados.
Puntualizó que el despojo del Esequibo ocurrió mediante el laudo arbitral de París, firmado el 3 de octubre de 1899, cuando Venezuela no contó con representación jurídica propia, la cual fue ejercida por magistrados de Estados Unidos.
Señaló que en 1949, a un año del fallecimiento de uno de esos magistrados, Severo Mallet Prevost, se pudo conocer su memorando que detallaba cómo se había arrebatado el Esequibo al país.
Ello provocó que el 12 de noviembre de 1962, el canciller de la República de entonces, Marcos Falcón Briceño, presentara el reclamo formal ante la ONU. Desde entonces, Venezuela ha considerado el laudo arbitral de París como nulo e írrito.
Fuente: MP
