El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, instó a las autoridades mexicanas a tomar en consideración las nuevas evidencias dadas a conocer recientemente en relación con la muerte de 22 personas, incluida una niña de 15 años, hace un año durante una operación militar contra presuntos delincuentes en Tlatlaya.
Según las autoridades mexicanas, todas las muertes sucedieron como consecuencia del tiroteo que se produjo durante el enfrentamiento, pero informaciones periodísticas y el testimonio de una de las tres sobrevivientes señalan que la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas después del enfrentamiento.
La nueva información consiste en documentos militares que revelan las órdenes de operaciones dadas al oficial a cargo de la operación, incluyendo la directiva de que las tropas debían abatir a los delincuentes.
El relator especial expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones, ya que un año después de los hechos el progreso es insuficiente.
Según Heyns, las órdenes a oficiales deben consistir en arrestar y el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario; nunca pueden ser de matar a criminales. Además, las autoridades civiles deben investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida
