(Nueva Delhi, 01 de agosto. EFE).- La pena capital vuelve a estar en el ojo del huracán en la India, un país donde este castigo se limita a casos excepcionales, pero que cada año condena a la horca a decenas de personas que viven un proceso eterno hasta que son absueltas o su pena conmutada, o agonizan durante décadas hasta ser ejecutadas.
El pasado jueves, Yakub Memon, condenado por los atentados que en 1993 dejaron 257 muertos en Bombay fue ejecutado 22 años después del crimen y recibió respuesta a su última apelación apenas horas antes de su muerte, un caso que deja en evidencia la eficiencia del sistema judicial indio y su uso de la pena de muerte.
En el país asiático, solo el 4,5 % de las condenas a muerte emitidas por tribunales inferiores son finalmente ratificadas por el Tribunal Supremo (TS), según un estudio de la Universidad Nacional de Derecho de Delhi que será publicado a mediados de agosto.
De acuerdo con un avance de sus conclusiones ofrecido a Efe por el director del proyecto, Anup Surendranath, el 30 % de los condenados inicialmente a la horca terminan siendo absueltos por el máximo órgano judicial, mientras que en alrededor de un 65 % de los casos sus penas son conmutadas a prisión.
“Están haciendo a las personas pasar por eso innecesariamente”, lamentó Surendranath, quien culpó a factores como la corrupción o un sistema policial anticuado de lo que considera una “emisión excesiva” de condenas a muerte por parte de los tribunales inferiores.
Esto ralentiza todavía más el funcionamiento del sistema judicial del país asiático, donde los casos se acumulan en las dependencias judiciales eternamente, con 61.300 causas pendientes solo en la máxima instancia, según el último balance del órgano.
“Las demoras son el mayor problema” del sistema indio y este “se vuelve más grande”cuando implica pena de muerte, explicó a Efe la letrada del TS y secretaria de la Asociación de Abogados de esa instancia, Aishwarya Bhati.
Afirmó que “no se puede escapar” del problema debido a la elevada población del país, más de 1.200 millones de personas, aunque mantiene que el nombramiento de nuevos jueces para cubrir las 400 vacantes que existen en el TS y los Altos Tribunales ayudaría a aliviarlo.
En los casos con condenas a muerte, el proceso se dilata todavía más por la poca rigidez en el sistema de solicitud de indulto al presidente, que no estipula ningún límite de tiempo para que el dirigente tome una decisión.
La abolición de la pena máxima no es, a juicio de Bhati, parte de la solución, ya que cree que la jurisprudencia india debe seguir contemplándola en casos muy puntuales. La India ejecutó a tres personas en la última década, todas ellas por casos de terrorismo.
Sin embargo, la reconocida investigadora legal Usha Ramanathan argumenta que “la pena de muerte ha sido contraproducente a la hora de abordar crímenes terroristas” en el país asiático.
En un análisis parte de un informe de la ONU publicado en 2014, advierte de que las amenazas de ejecución a personas condenadas en este tipo de casos “han dado lugar a políticas que exacerban las pasiones regionales y comunitarias”.
Ramanathan puso en tela de juicio los procesos de varios casos históricos, como el del asesinato del ex primer ministro Rajiv Gandhi en 1991, por el que se sentenció a muerte a 26 personas que “no estuvieron en el núcleo de la conspiración”.
Todas las condenas fueron más tarde conmutadas o suspendidas, las tres últimas en 2014, 23 años después del atentado, debido al retraso del presidente indio, Pranab Mukherjee, en valorar la petición de clemencia de los convictos.
Mukherjee estuvo más raudo para rechazar el indulto de Memon, otro de los grandes casos de la historia del país y que en las últimas semanas ha desatado la polémica, con diversas y cualificadas voces elevándose en contra de su ahorcamiento.
La de Memon elevó a 24 el número de peticiones de clemencia rechazas por el actual presidente, que rompió con la tendencia de sus predecesores al aceptar solo dos durante sus tres años en el puesto, según la revista india Outlook.
“Hay, en el resurgimiento de la pena de muerte, una falta de respeto por la vida, la ley y los procedimientos establecidos por la ley”, concluyó Ramanathan en su texto.
