(Nota de Prensa) – La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, celebró los acuerdos de los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, durante la reunión sostenida en Quito, pues a su juicio es un éxito para el diálogo y la paz entre dos naciones hermanas, como lo son Venezuela y Colombia.
En el programa radial Justicia y Valores, trasmitido por el Circuito Unión Radio 90.3 FM, la máxima autoridad del Ministerio Público manifestó que este encuentro se dio gracias al apoyo de los primeros mandatarios de Uruguay y Ecuador, Tabaré Vázquez y Rafael Correa, respectivamente, acción que evidencia la unidad latinoamericana existente.
“Nuestra región sigue consolidando y fortaleciendo la paz y la unión, lo cual es importante para los pueblos latinoamericanos”, expresó Ortega Díaz.
La máxima autoridad del Ministerio Público hizo mención al Día Internacional de la Paz que fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, el cual tiene como propósito que ese día haya un cese de fuego y no violencia.
En ese sentido, la Fiscal General expresó que la solidaridad de resolver los conflictos por la vía pacífica debe ser parte de las actuaciones que guíe a las naciones y así erradicar escenas tan terribles como las que se están viviendo en Siria, país asediado por expresiones políticas y religiosas extremistas, que lo han convertido en un campo de batalla.
A su juicio, tal situación ha sido la principal causa que ha obligado a la población civil a migrar de manera masiva a otros países.
La Fiscal General hizo un llamado a la paz y a la solidaridad con el hermano pueblo sirio que está recibiendo de algunos países europeos las peores muestras de inhumanidad que se hayan visto en la historia contemporánea.
“Abogamos por una verdadera cultura de paz y que se construya sobre el amor y el respeto a los demás, aun cuando se tengan diferencias de criterio”, expresó Ortega Díaz.
Adicionalmente, la Fiscal General se refirió al caso de la muerte de Henry Silva y Elbert Ramírez, pertenecientes a la comunidad indígena Wayuu, ocurrida el pasado 19 de septiembre, pues cuestionó que voceros de otros países hayan realizado denuncias ante foros internacionales sin tener conocimiento o ignorando la respuesta que dio el Estado venezolano.
En su opinión estas acciones tan rápidas evidencian el ataque que existe contra el país, sin embargo, dijo que el Ministerio Público seguirá actuando como siempre, de manera oportuna y con apego a la ley.
Confirmó que desde el momento en que ocurrió el hecho fueron comisionados los fiscales 76° nacional con competencia en Protección de Derechos Fundamentales y 91° nacional en materia Indígena, Alejandro Méndez y Carlos Parabia, respectivamente.
Respuestas oportunas
Por otra parte, la Fiscal General informó que el Ministerio Público acusó al exfuncionario de la extinta Dirección General de los Servicios de inteligencia y Prevención (Disip), Ramón Celestino Rojas, ante el Tribunal 4º de Control del estado Yaracuy, por su presunta participación en la masacre de Yumare, en la que murieron nueve dirigentes sociales el 09 de mayo de 1986.
Informó que fue acusado por homicidio calificado con alevosía y por motivos innobles, cometido en grado de complicidad correspectiva en concurso real del delito. Permanece recluido en el Centro de Coordinación Policial de Cocorote, estado Yaracuy.
Mientras que el pasado 6 de agosto, en la audiencia preliminar el Ministerio Público logró el enjuiciamiento de Raúl Yohan Fernández por concurso real en el delito de homicidio calificado con alevosía y por motivos innobles, cometidos en complicidad correspectiva.
Por este caso, ya fueron acusadas 10 personas, se solicitaron 12 órdenes de aprehensión y se pidió la extradición de Henry López Sisco, quien tiene alerta roja de Interpol y se encuentra en Costa Rica.
Vale recordar que por esta masacre fue condenado a 13 años de prisión el general retirado del Ejército, Alexis Sánchez, quien admitió su responsabilidad en la masacre de Yumare.
Aprovechó para anunciar que este miércoles 23 de septiembre se reunirá con los familiares de las víctimas del citado hecho.
Caso Air France
La Fiscal General también indicó en el espacio radial que el Ministerio Público solicitó al Tribunal 3° de control del estado Vargas, la extradición de Harry Romero Morales y de Ginette Urbaneja Figueroa por presuntamente tener vinculación con los 1.382 kilos de cocaína incautados el 20 de septiembre de 2013 en París, luego de haber partido desde el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, en un vuelo de Air France.
Estas dos personas fueron detenidas el 04 de septiembre en la ciudad de Cúcuta, Colombia, por agentes de Interpol, por lo que los fiscales 7ª y 70° nacionales, Marisela de Abreu y Gustavo González, solicitaron la extradición.
Es conveniente recordar que por este caso se encuentran privadas de libertad 27 personas, quienes se encuentran en fase de juicio.
Por otra parte, Ortega Díaz dijo que los fiscales 24° y 30° nacionales, Didier Rojas y Tulio Mendoza, respectivamente, lograron una condena de 14 años y 8 meses de prisión para Antonio silva, por su responsabilidad en el robo a la expresidenta de Fedecámaras, Albis Muñoz Maldonado, y tres directivos más de esa institución empresarial, hecho ocurrido el 28 de octubre de 2010, en La Campiña, Caracas.
El hombre fue condenado por el Tribunal 11° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, por ser cooperador inmediato en los delitos de secuestro breve en perjuicio de Albis Muñoz, Noel Vidal Álvarez, Luis Enrique Villegas y Ernesto Amado Villasmil.
Además, fue condenado por la comisión del delito de homicidio calificado, en grado de frustración, en la ejecución de robo agravado en perjuicio de Muñoz, y asociación para delinquir.
Plan de Agilización de Causas
En cuanto al Plan de Agilización de Causas, Ortega Díaz indicó que actualmente los fiscales del Ministerio Público se encuentran en la sede de la División de Capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ubicado en El Rosal, donde están atendiendo a 178 internos.
Explicó que durante la ejecución de este plan se revisan todos los expedientes de las personas privadas de libertad, se verifica ante cada tribunal la situación jurídica de los detenidos y se coordina el traslado de los internos hasta el órgano jurisdiccional para que comparezca ante el mismo.
Además dijo que este plan es ejecutado no sólo en Caracas, sino en los distintos centros de Detención Preventiva en todo el país, lo cual incluye comisarías y sedes de comandancia de policías estadales.
La Fiscal General dijo que en el marco de las actividades se coordinan las jornadas sociales que involucran la práctica de reconocimiento médico-legal para los casos que presentan afecciones de salud, vacunación, dotación y suministros de medicamentos, exámenes para el descarte de hipertensión y diabetes, asistencia oftalmológica, ginecológica, entre otros servicios que se complementan con asesoría y orientación jurídica.
La salud
Durante el programa Justicia y Valores, la Fiscal General abordó el tema de la salud, del cual dijo que no es solamente estar libre de enfermedades, sino es un estado completo de bienestar físico, mental y social, además de muchas otras condiciones que permiten a los seres humanos desarrollarse plenamente.
Puntualizó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra que la salud es un derecho social fundamental y le impone al Estado garantizar a los ciudadanos el acceso a la atención médica y el diseño de programas de prevención de enfermedades.
Destacó que desde el Ministerio Público se privilegia este derecho para los trabajadores y sus familiares, por lo que en el tercer piso de la sede de la institución ubicada en la esquina Ferrenquín de Caracas, funciona la Coordinación de Servicio Médico, la cual ha sido reimpulsada desde su primera gestión adquiriendo equipos médicos con tecnología de punta.
Además cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados en las áreas de medicina general, ginecología, odontología, laboratorio, nutrición, entre otros servicios.
Anunció que para el 2016 se pondrán en funcionamiento una sala de rayos x y otras especialidades adicionales a las existentes. La nueva sede estará ubicada en el edificio Anauco de Parque Central.
Por otro lado, la máxima representante del Ministerio Público dijo que la Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo coordina el Plan Nacional de Emergencia Ciudadana, a través del cual se atienden todas aquellas denuncias y casos donde no se le ha prestado la atención médica a personas en algunas clínicas privadas, por el simple hecho de no presentar la clave del seguro.
Expresó que a las personas hay que atenderlas inmediatamente, por lo que cualquier inconveniente pueden notificarlo a través de la línea telefónica gratuita 0-800-FISCA-00 (0800-3472200), la cual funciona las 24 horas del día.
