(AFP) - Dirigentes opositores anunciaron el lunes que demandarán al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, a raíz de una rebelión policial el 30 de septiembre de 2010 que dejó varios muertos y heridos.
La acción será presentada en septiembre por delitos previstos en el Estatuto de Roma (instrumento constitutivo de la CPI) como “realizar ataques intencionados contra hospitales”, señalaron los activistas en un comunicado.
Entre los acusadores se encuentra el congresista del partido indígena Pachakutik Cléver Jiménez y el exsindicalista petrolero Fernando Villavicencio.
Jiménez ya había denunciado a Correa por el mismo delito ante la Fiscalía el pasado 4 de agosto.
Según el diputado, el mandatario cometió el crimen de “agresión armada” de las Fuerzas Militares, derivado de su orden de “atacar” un hospital policial en Quito durante la insurrección.
El 30 de septiembre de 2010 cientos de policías se sublevaron por un reclamo salarial, llegando, según las Fuerzas Armadas, a retener a Correa en un hospital donde se refugió tras ser agredido por uniformados cuando intentaba aplacar la protesta.
Correa fue rescatado horas después en un operativo militar que dejó cinco muertos y en el que, asegura, los soldados fueron recibidos a tiros por los sublevados, incluidos francotiradores.
Otras cinco personas fallecieron en Guayaquil (suroeste) durante saqueos que se desataron por la ausencia policial, según el ministerio de Salud.
El gobernante denunció que la sublevación fue instigada por policías corruptos bajo investigación y opositores que intentaban derrocarlo e incluso asesinarlo. En medio de la revuelta, Jiménez pidió la renuncia de Correa.
Como pruebas de su denuncia sobre una intentona golpista y de magnicidio, Correa menciona el cierre de la pista del aeropuerto de Quito por parte de un grupo de militares, la toma del Congreso, los pedidos de renuncia de la oposición y mensajes radiales de policías que exhortaban a asesinarlo.
El pasado martes el ministro de Defensa, Javier Ponce, dio a conocer un informe de las Fuerzas Armadas sobre la rebelión, según el cual el rescate fue concertado con el mandatario al determinarse que estaba en “peligro inminente” por las amenazadas lanzadas a través de la radio policial.
