Nota de Prensa MP. Caracas, 01 de diciembre de 2011) Tras la acusación presentada por el Ministerio Público, los directivos de la empresa de venta programada de vehículos “Autoenmano”, Andrés Ayala y Gabriela Pino, admitieron en audiencia preliminar su responsabilidad en el delito de estafa, por lo que llegaron a un acuerdo reparatorio con 190 víctimas.En dicha audiencia, el fiscal 41° nacional, Franklin Nieves, ratificó la acusación contra Ayala y Ana Isabel Pino por incurrir en el delito de estafa en grado de concurso real y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
Mientras que contra Gabriela Pino fue ratificada la acusación por ser cooperadora inmediata en el primero de los delitos. Igualmente, el fiscal, la acusó por asociación para delinquir.
No obstante, Ana Isabel Pino pasó a juicio, sin admitir los hechos.
La audiencia preliminar se llevó a cabo ante el Tribunal 46° de Control del área metropolitana de Caracas, instancia que dio 90 días a los acusados para el cumplimiento del acuerdo reparatorio, consistente en el resarcimiento del daño patrimonial.
El Ministerio Público solicitó al Tribunal que se mantenga la medida privativa de libertad para estas tres personas hasta que cumplan con lo convenido, petitorio que acordó la referida instancia judicial.
Cabe destacar, que Andrés Ayala se encuentra detenido en la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso, conocida como La Planta, mientras que Gabriela Pino (cónyuge de Andrés) está en el Instituto Nacional de Orientación Femenino, en Los Teques, estado Miranda.
Respecto a Ana Isabel Pino, quien tenía detención domiciliaria, el referido Tribunal le revisó la medida y acordó cambiarla por una medida cautelar, consistente en presentación periódica ante esa instancia judicial.
De acuerdo con la investigación, la pareja solicitaba dinero por adelantado a las víctimas, a quienes les ofrecían vehículos de manera engañosa con entrega en 20 días, pero nunca cumplían dicha entrega alegando una seria de inconvenientes y de irregularidades después de haber recibido el pago.
La investigación la inició el Ministerio Público el 16 de marzo de este año, a raíz de varias denuncias que presentaron las víctimas.
