El sistema educativo chileno fomenta la desigualdad y la exclusión,
según un informe difundido hoy por la Unesco en Santiago.
El
estudio, a cargo de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el
Caribe de la Unesco, analiza la disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
del sistema educativo chileno y lo compara con las legislaciones educativas de
Argentina, Uruguay y Finlandia.
Entre los retos más significativos para
Chile, el informe destaca la "debilidad" que enfrenta la legislación del
país para hacer frente a la desigualdad.
"El sistema que
caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización,
que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar
mecanismo selectivos", critica el informe, liderado por el exrelator de
Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Vernor
Muñoz.
"No hay duda de que las pruebas de admisión establecen
criterios y efectos de diferenciación, que en la práctica conducen a la
selectividad y probablemente a la estigmatización", añade el estudio,
que precisa que la legislación chilena prohíbe la discriminación en el trato a
los estudiantes.
Según la Unesco, el sistema de becas y subvenciones del
sistema educativo de Chile "protege y beneficia a la iniciativa privada",
lo que excluye la interpretación del concepto de educación entendida
como bien público.
Lo contrario ocurre en las legislaciones de
Argentina y Uruguay, que resultan "muy explícitas" a la hora de restringir
cualquier posibilidad de mercantilización de la educación, o de la finlandesa,
que otorga garantías de oportunidades, señaló la Unesco.
"En
Chile la ley deposita en los padres y las comunidades un alto nivel de
responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación
u ofrecer una educación de calidad, en desmedro del rol del Estado que debiera
ser el garante de este derecho", explica el informe.
El estudio
recuerda que Chile ha firmado tratados internacionales, en particular el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo obliga en su
artículo segundo a tomar medidas "inmediatas y no postergables" para lograr
gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y
universitaria.
EFE
