Ante la acusación del Ministerio Público, fueron condenados a 3 años
de prisión Mónica Arteaga (34) y Alejandro Caicedo (42), representantes
del Consorcio Dreamaker´s, tras admitir que estafaron a 63 personas en el Área
Metropolitana de Caracas (AMC).
Tal delito fue consumado a través de la modalidad de la venta
programada de viviendas y automóviles.
Durante la audiencia preliminar, la fiscal 148° auxiliar para intervenir en
las fases intermedia y juicio oral del AMC, ratificó la acusación contra
las referidas personas por ser coautores en el delito de estafa, en
grado de continuidad, previsto y sancionado en el Código Penal.
En el acto realizado en el Tribunal 9° de Control del AMC, la pareja
decidió admitir los hechos, por lo que fueron condenados a tres años de
prisión, pena que cumplirán conforme a las condiciones establecidas por
una instancia de ejecución penal.
Vale destacar que Arteaga y Caicedo se encuentran privados de
libertad desde el 26 de julio de 2010. La mujer en el Internado
Nacional de Orientación Femenina, mientras que el hombre permanece en el Centro
Penitenciario Metropolitano (Yare), ambos ubicados en el estado Miranda.
En fecha 3 de noviembre de 2009, una señora denunció ante el
Ministerio Público que suscribió un contrato con el Consorcio
Dreamaker´s para acceder a un crédito por un monto de 300 mil
bolívares, de los cuales canceló 84 mil con la promesa, por parte de la empresa
al momento de realizar la negociación, de que en un plazo de 60 días continuos
se le otorgaría el préstamo.
Igualmente, el 8 de junio de 2010, se recibió otra denuncia ante la
División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de una dama que
en diciembre de 2008 se inscribió para optar a una vivienda valorada en 350 mil
bolívares.
Alegó que pese a ser adjudicada en marzo de 2009, luego de realizar
varios depósitos por diferentes cuotas para un total de 51 mil 500 bolívares,
llegó el tiempo estipulado en el convenio (agosto de 2009) para la
verificación de los documentos consignados, y ante el incumplimiento, exigió la
devolución del dinero aportado, pero se le alegó no poder hacerlo por falta de
liquidez.
En parecidas circunstancias fueron afectadas otras 61 personas, la mayoría
luego de aportar cuotas para las adquisiciones de viviendas, motos, vehículos y
préstamos personales.
El 26 de julio de 2010, varios afectados acudieron a la sede del consorcio en
el edificio La Galería, Piso 10, Torre Oeste, esquinas de Salvador de León a
Coliseo, La Hoyada, donde reclamaron a Caicedo la falta de cumplimiento en las
negociaciones y la devolución del dinero.
Notificadas las autoridades, acudieron al lugar funcionarios del Cicpc,
quienes trasladaron a la pareja a la sede policial, lugar en el que luego de
levantar la referida acta, los puso a la orden del Ministerio Público.
La importancia de la condena penal es que ahora las víctimas podrán
optar por la reparación civil ante los tribunales de dicha
jurisdicción.
Vía nota de prensa Ministerio Público
