AFP) – A un año de la creación de un ministerio penitenciario, la violencia armada y los negocios ilícitos siguen reinando en los hacinados penales venezolanos, convertidos en derruidas sedes de protestas y encarnizados motines, señalan analistas y activistas.
Según ONG’s que monitorean las cárceles, desde que el presidente Hugo Chávez creó el ministerio de Asuntos Penitenciarios, a finales de julio de 2011, entre 523 y 567 reclusos perdieron la vida –un 6% más que en el mismo periodo anterior– y más de 1.200 resultaron heridos.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), dijo este martes que unas cárceles sobrepobladas y con pocos custodios crean “condiciones inhóspitas (que) son detonantes de la violencia”, que se incrementa con las luchas entre presos por el control de millonarios negocios criminales.
Hay “demasiado dinero por el tráfico de armas y de drogas, extorsiones, dirección de secuestros y la venta interna de los espacios” donde duermen los presos, dice Prado a la AFP.
Los asesinatos suelen ocurrir por enfrentamientos entre bandas de reclusos que se disputan territorios o el tráfico de drogas, contando para ello con potentes arsenales, que, aseguran los expertos, son ingresados con la complicidad de la militarizada Guardia Nacional que custodia las cárceles.
El tráfico de “armas cortas y largas proviene de las autoridades civiles y militares que custodian; no son las madres, concubinas y esposas las que pasan armas”, señala a la AFP el criminólogo Fermín Mármol, destacando que Venezuela es el undécimo país “más corrupto” del mundo, según Transparencia Internacional.
El último incidente culminó hace unos días en la cárcel de Mérida (oeste), luego que un conflicto durante tres semenas dejó 28 internos asesinados y 18 heridos, según OVP, aunque el gobierno solo reconoce 12 muertes por “enfermedades que se agravaron” durante la toma violenta.
El motín se originó con el asesinato de la jefa de personal el pasado mayo, aunque las muertes se produjeron en las últimas tres semanas.
Para Mármol, el episodio de Mérida es un claro reflejo de que “en las cárceles venezolanas mandan los reclusos”, sobre todo, sus líderes –los ‘pranes’–, responsables de crear, según él, “micro-estados dentro del Estado que se convirtieron en grandes monstruos” para las autoridades.
De las 34 prisiones del país, “los presos mandan en casi la totalidad”, estima el director de la ONG Una Ventana por la Libertad, Carlos Nieto.
Los hechos en Mérida reflejan además que “la degradación del sistema penitenciario fue corriendo por todos lados y llegó a las cárceles que eran buenas”, señala Nieto, resaltando que la prisión de esta ciudad andina fue hasta hace un par de años pacífica e incluso integraba un programa estatal de orquestas sinfónicas formadas por reclusos.
En julio de 2011, Chávez designó ministra del sector a Iris Varela, una antigua colaboradora y ex diputada, tras el estallido de un motín en la cárcel de El Rodeo, a las afueras de Caracas, que dejó una treintena de fallecidos y varios reclusos fugados.
Un año después, Varela, que ordenó en mayo el polémico desalojo de una cárcel en el corazón de Caracas tras semanas de tiroteos, resalta que el gobierno ha “avanzado” en propinar “grandes golpes a las mafias”, entre otras medidas para aliviar los retardos judiciales, remodelar los centros y proponer empleo para los reclusos.
Además anunció la construcción de 24 nuevas prisiones en los próximos dos años para disminuir el hacinamiento en estos centros, donde habitan cerca de 50.000 reclusos, aunque la capacidad es de sólo 14.000, según cifras oficiales.
Sin embargo, en los penales se siguieron escenificando huelgas -en algunas los presos se cosieron los labios-, enfrentamientos, secuestros de custodios o la reclusión voluntaria de familiares para demandar la agilización de los procesos judiciales, mejores condiciones de reclusión o el traslado a otros centros.
“Aunque la ministra insista que está eliminando las mafias y poniendo orden, nosotros no vemos el orden. Si hubiera orden no hubiera pasado lo que pasó en Mérida”, afirma Nieto.
Los expertos advierten que los problemas en las prisiones, repletas en su mayoría de jóvenes provenientes de las zonas populares, se agravan por el reducido presupuesto que reciben –unos 7 dólares diarios por recluso, según OVP– y la administración centralizada.
“Hay una forma de limpiar (las prisiones): primeramente es sacar a la Guardia Nacional y segundo es dejando que cada gobierno regional capacite a su personal para las carceles (…) El centralismo ha fracasado. ¿Crees que 23 gobernadores van a fracasar?”, asegura Prado.
