Liberalizar. Es la palabra fetiche del Gobierno de Mariano Rajoy. Liberalizar hasta lo que parecía más sagrado en España. Las rebajas ya no tendrán reglas: cada comerciante las podrá hacer cuando quiera y como quiera. La medida y el gran tijeretazo de 65.000 millones son solo una parte de lo que no ha hecho más que empezar: el Gobierno tiene un plan de reformas que contempla una batería de 20 nuevas leyes liberalizadoras que se pondrán en marcha en el segundo semestre. Según advirtió este viernes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en julio se comenzará a desregularizar o se abrirán a la competencia servicios como ferrocarriles, aeropuertos.
» Transporte ferroviario. En julio se aprobará la liberalización del transporte de viajeros por tren, un servicio que hasta ahora solo presta la operadora pública Renfe. La apertura a la competencia se inició en 2005, con el tráfico de mercancías. Aunque el Gobierno no ofreció detalles, el sindicato CC OO aseguró que los altos cargos de Fomento les avanzaron su intención de dividir Renfe en cuatro sociedades: Mercancías, Viajeros, Mantenimiento y Material Rodante. El negocio de viajeros quedará abierto a la competencia a partir de julio de 2013.
» Liberalización aeroportuaria. La ministra de Fomento canceló en enero los concursos de concesión de los aeropuertos de Barajas y de El Prat, porque las condiciones del mercado no eran adecuadas. Según Sáenz de Santamaría, este mismo mes se retomarán las reformas del sector aéreo para ampliar la competencia.
» Transporte terrestre. Este mismo mes “se acometerán reformas en la ley del transporte terrestre”. El ministerio que dirige Ana Pastor ha elaborado un anteproyecto para modificar la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Quiere reducir el número de licencias que se exige para este tipo de servicio. Las modificaciones de la ley, que data de 1987, afectarán tanto al transporte de mercancías por carretera, como el de pasajeros.
» Flexibilidad en el mercado del alquiler. Fomento tiene preparado para julio también otro anteproyecto de ley de “reforma y flexibilización del mercado del alquiler”. Modificará la ley de arrendamientos urbanos y la ley de enjuiciamiento civil, asegura que reforzará la seguridad jurídica, agilizará los desahucios y establecerá estímulos fiscales.
» Revisión a los colegios profesionales. En septiembre el Gobierno dice que liberalizará también los servicios profesionales, algo que el PSOE trató de hacer cuando estaba en el Gobierno, pero a lo que renunció. El actual Ejecutivo busca revisar la obligación que todavía perdura en algunas profesiones de estar colegiado para prestar servicio.
» Menos barreras autonómicas. Tras el verano deberá llegar a las Cortes la Ley de Unidad de Mercado. Se anunció hace dos meses y busca que en todas las comunidades sirvan las mismas licencias o permisos para ofrecer ciertos servicios como reparación o mensajería.
» Revisión a la diplomacia. La ley de acción exterior quiere “mejorar la imagen, la posición y la defensa de los intereses españoles en el exterior”, según dijo la vicepresidenta. Sin embargo, al contrario que con las anteriores siete leyes, para esta las otras 12 previstas no hay fecha, aunque teóricamente deben estar listas antes de 2013.
» Un gran organismo regulador. Cuando el Ejecutivo anunció en abril su intención de unificar los organismos reguladores, los afectados criticaron duramente el modelo. Aun así, antes de final de año está previsto que vea la luz la Comisión Nacional de Mercados y Competencias. El cambio afectará a organismos como a la Comisión Nacional de la Energía o la del Mercado de las Telecomunicaciones, pero no a la CNMV.
» Otros proyectos: pensiones, mutuas y energía. Buena parte del resto de cambios pendientes han sido anunciado meses atrás, como la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local; la de transparencia; la de acceso a la información y código de buen gobierno; o la de la cadena alimentaria, para proteger las transacciones entre agricultores y distribuidores. Se presentó el proyecto de la ley de costas y de la que afectará a la energía se sabe que busca reducir el déficit de tarifa y la enorme deuda que genera el sector. Pero de otras nuevas leyes hay pocos detalles. Sáenz de Santamaría anunció un proyecto de ley del Código Penal para evitar desmanes en materia económica, pero no ofreció más pistas. Antes de diciembre deben ver la luz también el proyecto de ley de sostenibilidad del sistema de pensiones y el de mutuas. También esperan acelerar la reforma de la educación y la formación profesional, la de lucha contra el fraude laboral, o el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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