Empleados públicos estarían siendo obligados en sus trabajos a comprar rifas para financiar la campaña electoral del candidato oficialista, Nicolás Maduro, encargado de la Presidencia, de acuerdo a información extraoficial.
Los tickets del "Sorteo de la Victoria" tendrían un costo de BsF 20 y están auspiciados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los boletos son vendidos entre el 18 de marzo y el 11 de abril.
Los empleados públicos que compran las rifas son anotados con listas de control, con sus datos junto al número de boleto que adquirieron.
Esta situación se estaría registrando en varias instituciones del Estado como gobernaciones y los ministerios de Ciencia y Tecnología, Relaciones Exteriores Interior y Justicia, y Alimentación. En algunos casos se estaría coaccionando a trabajadores para realizar la donación de un día de salario, participar en actividades de la campaña electoral y vender tickets para la rifa antes mencionada.
La legislación venezolana prohíbe expresamente el uso de instituciones públicas para promover opciones políticas y la implicación de empleados del Estado en estas actividades.
Ley Contra la Corrupción
Artículo 13. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares.
Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales
Artículo 221 - Las funcionarias y funcionarios en general, están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, en consecuencia, les está prohibido:
1. Actuar, en ejercicio de la función pública, orientadas u orientados por sus preferencias políticas, a favor o en detrimento de cualquier organización con fines políticos, grupo de electoras y electores, comunidades u organizaciones indígenas, o candidatura alguna.
2. Hacer publicidad y propaganda electoral en sus sitios de trabajo y demás dependencias públicas, inclusive mediante el uso u ostentación de la misma por cualquier medio.
3. Usar los locales donde funcione una dependencia gubernamental con fines de proselitismo político.
4. Utilizar o permitir que otra persona utilice bienes del patrimonio público en beneficio de cualquier organización con fines políticos, grupo de electoras o electores, de las comunidades u organizaciones indígenas, o candidatura.
5. Utilizar su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a una candidata o candidato, organización con fines políticos o grupo de electoras o electores y de las comunidades u organizaciones indígenas.
6. Aprovechar las funciones que ejerce, o usar las influencias derivadas de las mismas, para obtener ventaja o beneficio económico u otra utilidad, para cualquier organización con fines políticos, grupo de electoras y electores, comunidades u organizaciones indígenas o candidatura.
Artículo 222 - Los organismos públicos nacionales, estadales o municipales no podrán realizar publicidad y propaganda electoral, y en tal sentido, no podrán difundir mensajes destinados a promover, auspiciar o favorecer determinada candidatura u organización con fines políticos o grupo de electoras y electores, y comunidades u organizaciones indígenas, así como todo aquello que promueva o tienda a promover la imagen negativa de alguna candidata o candidato, organización con fines políticos, grupo de electoras y electores y comunidades u organizaciones indígenas.
No se permitirá el uso de los bienes propiedad de la República, ni de los estados o municipios con el fin de favorecer o promover una candidatura o realizar propaganda electoral.
Artículo 223 - La información concerniente a las obras de gobierno, los mensajes y alocuciones oficiales, no podrán tener contenidos y símbolos publicitarios o propagandísticos de naturaleza electoral.
GLOBOVISION
