La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comienza este lunes su 149 periodo de audiencias, una maratoniana semana en la que se van a revisar las violaciones de los derechos humanos en la región. Los casos que se van a tratar son una fotografía de la situación de las libertades públicas en el continente americano. Además de asuntos tristemente habituales como los ataques a la libertad de prensa, la situación de los derechos de las mujeres o el limbo ilegal del centro de detención que Estados Unidos tiene en Guantánamo, hay asuntos nuevos que se incorporan a la agenda de la CIDH, como el control de las comunicaciones, al hilo del escándalo del espionaje masivo e indiscriminado del Gobierno estadounidense desvelado por Edward Snowden, el uso de los drones para fines militares, no sólo por EE UU sino por otros países de la región, como Colombia o México, o los problemas derivados de la minería.
“Se trata de asuntos que antes ni siquiera eran dilemas. Son nuevos fenómenos y dinámicas que a través de su discusión en las audiencias pueden llevar a la construcción de nuevos estándares, tal vez de nuevos instrumentos y convenciones y cuando se construye una convención es porque ya se ha asumido que eso forma parte de la agenda, que se trata de un problema, que es una prioridad”, explica a EL PAÍS desde su despacho en la sede de la CIDH en Washington, su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza. Es viernes por la noche, pero el trajín en los pasillos de la CIDH es el mismo que un lunes a mediodía.
Álvarez Icaza se muestra satisfecho ante el nuevo período de audiencias de la CIDH. “Es el año que más audiencias ha otorgado la comisión [52 de las 217 solicitadas], lo que manda un mensaje importante sobre la confianza de los usuarios en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y sobre que esta Comisión es activa y dinámica y responde al mandato de defensa de los derechos humanos”.
Guantánamo, enquistado
El primer asunto que se va a tratar en el nuevo período de sesiones es el de la situación de los derechos humanos en la base de Guantánamo. Es la quinta audiencia sobre el centro de detención que desarrolla la CIDH, el primer organismo internacional en condenar la violación del sistema de libertades por parte de EE UU a quien ya se han impuesto varias medidas cautelares que no se han observado. “Nos preocupa en particular lo que ha sucedido con la huelga de hambre y con la alimentación forzada de los presos”, señala Álvarez Icaza. La CIDH ha pedido al Gobierno estadounidense una visita “irrestricta y sin condiciones” a la base cubana, pero aún no han obtenido respuesta. El renovado esfuerzo por parte de la Administración Obama para cerrar la prisión ha levantado levemente las esperanzas de la Comisión.
“Para nosotros la designación de [Clifford] Sloan como enviado especial a Guantánamo es una buena señal. En la reunión que sostuvimos con él quedó claro que hay una convergencia de objetivos y éste es la clausura del centro de detenciones”, señala Álvarez Icaza. El secretario ejecutivo, sin embargo, es consciente de que la voluntad de la Casa Blanca no es suficiente para acabar con la prisión de la base naval y que es necesaria la autorización del Congreso y del poder judicial, pero, sin embargo, es exigente. “EE UU tiene un debate que atora el cumplimiento de sus compromisos internacionales, pero no se puede poner siempre la excusa de que se trata de un país federal para no acatarlos. Otros Estados federales como México, Argentina o Brasil, no se han escudado en ello, una señal que refleja su voluntad de cumplimiento”.
EE UU también va a ser el protagonista de dos audiencias que entroncan con preocupaciones de gran actualidad, las comunicaciones en Internet y la reforma migratoria. “La audiencia sobre la vigilancia de las comunicaciones nos va a permitir conocer y empezar a explorar los límites que pone la evolución digital y tecnológica al ejercicio de la libertad de expresión”, señala Álvarez Icaza. La vista sobre los derechos de los inmigrantes en EE UU ha sido propuesta por el mayor sindicato de este país, AFL-CIO, una circunstancia que para Álvarez Icaza “envía un mensaje del importante debate que la reforma migratoria ha suscitado entre los trabajadores y sus familias”.
Viraje en Colombia
El país objeto de mayores audiencias, con cinco, es Colombia. “Esto indica los importantes esfuerzos de la acción del nuevo Gobierno”, afirma el secretario Ejecutivo para quien el hecho de que Colombia no se haya incluido en su capítulo IV, una suerte de lista negra en la que aparecen los países que perpetran más violaciones contra los derechos humanos, es un “reflejo del cambio de narrativa por parte del Ejecutivo de Juan Manuel Santos respecto del anterior”. Álvarez Icaza destaca la aprobación de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de defensa que han reducido el riesgo y la criminalización de los defensores de los derechos humanos.
La CIDH también está muy pendiente del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. “Sabemos de la importancia estructural que ha jugado el conflicto armado interno en Colombia como fuente principal de la violación de derechos”, señala Álvarez Icaza, quien advierte sobre el peligro del proceso de justicia transicional que adoptado el presidente Santos para juzgar los crímenes de guerra de las FARC y el Ejército. “Colombia debe encontrar la fórmula para que sus mecanismos de justicia no generen condiciones de impunidad”, sostiene. En relación con este proceso, el viernes la CIDH tratará las denuncias de violaciones de libertades cometidas por los paramilitares y la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las conversación de paz.
La denuncia de Venezuela y la apertura en Cuba
Este es el primer período de audiencias desde que entrara en vigor la denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos formulada por Venezuela. Paradójicamente, su Gobierno ha solicitado que se trate uno de los casos que se debatirán a lo largo de esta semana. “Esta denuncia no afecta a la CIDH, sino a los venezolanos que ahora no podrán acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, se lamenta Álvarez Icaza.
La decisión de Venezuela, sin embargo, no impide que la CIDH siga cumpliendo allí su mandato como supervisor del cumplimiento de los derechos humanos, ya que únicamente perdería esa prerrogativa si ese país abandonara la OEA, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro no se plantea. “Detrás de todo esto hay dos ironías fuertes. La primera es que Venezuela ha manifestado su desacuerdo con la CIDH, pero, con su denuncia, es ahora la CIDH la última instancia para conocer las denuncias sobre la violación de las libertades en Venezuela y una audiencia puede tener más impacto que una sentencia”, advierte Álvarez Icaza. “El Gobierno venezolano ha denunciado a EE UU por no firmar el Pacto de San José, pero con esta decisión se ha colocado del lado de ellos al situarse dentro del conjunto de Estados que no reconocen a la Corte”.
Cuba también tiene presencia en el periodo de audiencias, con dos sesiones sobre los derechos de los activistas y sobre la situación de las Damas de Blanco. Álvarez Icaza defiende el papel de la CIDH en medio del nuevo tiempo de apertura abierto tímidamente por el régimen de la isla. “Con Cuba hay una relación especial porque no responde a nuestras comunicaciones, no viene a nuestras audiencias pero sí sabemos que las atienden y tienen incidencia” señala. “En nuestros más de 50 años de existencia, hemos podido observar que los informes o los casos que presentamos y que los países eventualmente no atienden luego se convierten en piedras angulares de sus procesos de transición y de fortalecimiento de sus instituciones democráticas”, indica.
Las protestas sociales en la región
Entre las novedades de la nueva agenda se incluyen fenómenos alarmantes como la migración de haitianos en las Américas -”Nos llegan informes de que cerca de 50.000 haitiano llegan anualmente a Brasil a través de Perú”, señala Álvarez Icaza-, o el de los derechos del colectivo homosexual y el de los reproductivos. Sin embargo, entre las 52 audiencias, ninguna incluye la extensión de las protestas ciudadanas en la región, un asunto, que, sin embargo sí inquieta a la CIDH.
“Hay una preocupación sobre cómo se responde ante estas protestas”, reconoce Álvarez Icaza. “La protesta es un derecho, pero la represión es un delito y hay que trabajar por generar un contexto que garantice la protesta y que esa protesta no derive en hechos de violencia, porque eso va a provocar una intervención fuerte por parte de la autoridad”, indica. “La CIDH ha venido haciendo una serie de llamados de atención en este último año y hemos pedido información a países de Centroamérica, México, Brasil o Colombia.
Álvarez Icaza, sin embargo, observa un trasfondo positivo detrás de este tipo de manifestaciones. “Si la gente sale a la calle y la protesta otorga a las instituciones un espacio para responder a sus reclamaciones, creo que eso es un signo de vitalidad de nuestras democracias”, señala. “Se trata de un fenómeno que va más allá de la región, lo hemos visto en Europa y en los países árabes. La diferencia está en la génesis, en cómo participa la gente, cómo se comunica la gente, como construye los mensajes. Ahí sí hay un cambio y es una circunstancia que nos plantea dilemas sobre cómo pensar eso en código de derechos humanos, y esa es la parte sobre la que debemos reflexionar”.
EL PAIS
