El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió este viernes a la Asamblea Nacional de este país centroamericano una propuesta de reforma a la Constitución en la que elimina un obstáculo legal del que se quería deshacer desde 2007, cuando regresó al poder. La propuesta desecha los candados constitucionales que establecían que no puede ser presidente del país quien haya ejercido el cargo en dos ocasiones, que es el caso del líder sandinista, además de prohibir la reelección consecutiva. Se trata de una reforma que le garantiza a Ortega la reelección indefinida, además de poder ser elegido con el mínimo de votos.
La propuesta fue anunciada inesperadamente por los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se trata de un documento que le da amplios poderes a Ortega, establece que los militares nicaragüenses podrán ocupar cargos civiles en instituciones públicas por el “supremo interés de la nación”, constitucionaliza un Estado corporativista basado en un co-gobierno con el sector empresarial e incluye en la Constitución el controvertido canal interoceánico, cuya concesión fue entregada de manera irregular, sin licitaciones, al empresario chino Wang Jing.
Desde que Daniel Ortega regresó al poder en Nicaragua, tras 16 años liderando la oposición, dejó claro su interés de mantenerse en la Presidencia de forma indefinida. Como la Constitución nicaragüense se lo prohibía, el presidente acudió a la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados le son leales, para encontrar una solución legal que suprimiera la prohibición constitucional. La Corte emitió una controvertida resolución que establecía que los candados constitucionales sobre la reelección no eran “aplicables” para Ortega, dado que violaban sus derechos, y ordenaban al Tribunal Electoral a inscribir la candidatura del caudillo para las presidenciales de 2011, un proceso del que salió victorioso, pero que fue catalogado como “opaco” por la misión de observación enviada a Nicaragua por la Comisión Europea.
Esos candados constitucionales, sin embargo, se mantuvieron en la Constitución, lo que representaba un impedimento que Ortega ahora suprime con su reforma electoral. Pero el líder sandinista va más allá: también borró el porcentaje de votos necesarios para ser electo, con lo que el mandatario, que cuenta con una alta aprobación de la población debido a su política populista y clientelista hacia los sectores sociales más pobres, puede ser electo con una mayoría mínima de votos.
Con su reforma, Ortega también intenta cambiar el sistema político del país, basado en una democracia representativa. En el documento, el FSLN propone crear una “democracia directa”, en la que organizaciones como los llamados gabinetes de la familia jugarán un papel protagonista en la vida y social y política del país. Se trata de organismos creados por la esposa de Ortega, Rosario Murillo, que críticos del Gobierno ven como aparatos de control social localizados en barrios y municipios del país.
Según la definición de la propia primera dama de Nicaragua, “los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida, se organizan con personas, mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, que viven en una comunidad, para reflexionar y trabajar juntos, promoviendo los valores y unidad familiar, autoestima y estima, responsabilidad, derechos y deberes, comunicación, convivencia, entendimiento y espíritu de comunidad a fin de lograr coherencia entre lo que se es, lo que se piensa y lo que se hace”.
“Su lógica es debilitar las instituciones de la democracia representativa y constitucionalizar los consejos y gabinetes de la familia”, dijo Gabriel Álvarez, experto en temas constitucionales. “Esta propuesta cambia el sistema global político de Nicaragua. La propuesta debilita el sistema de controles de pesos y contra pesos”, agregó.
El proyecto de reforma, además, castiga el transfuguismo político en el Parlamento de Nicaragua, es decir, la posibilidad de que diputados puedan cambiarse de partido una vez que sean electos, un fenómeno que, según el documento preparado por los asesores de Ortega, “traiciona la voluntad del ciudadano elector manifestada libremente en las urnas, afectando el buen funcionamiento de la democracia”. La propuesta establece que un diputado que decida cambiar de partido será castigado con el retiro de su escaño parlamentario. Para el analista Álvarez, esta disposición quita autonomía a los legisladores. “Los diputados no deberían votar basados en lo que dicta un partido”, dijo.
Ortega también establece una forma de co-gobierno con el gran capital de Nicaragua, con cuyos empresarios mantiene una buena relación. En su propuesta el mandatario establece que las decisiones del país se tomarán “en consenso” con el sector empresarial y hasta parafrasea al empresario Carlos Pellas, cabeza del Grupo Pellas –productor del famoso Ron Flor de Caña– quien ha elogiado a Ortega por dejarlos hacer negocios mientras él se encarga de la política.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es el hecho de que Ortega les da nuevas potestades a los militares del país, quienes de aprobarse la reforma podrán ocupar cargos civiles en las instituciones públicas, aunque no de elección popular.
Tras la transición política de 1990, el Ejército de Nicaragua se convirtió en una institución profesional, subordinada al poder civil y sin intromisión en la toma de decisiones. Los militares estuvieron relegados a sus cuartales y actividades de apoyo a la seguridad fronteriza del país o el combate al narcotráfico. Ahora, esos mismos militares podrán ostentar cargos administrativos, con la posibilidad de tomar decisiones que inciden en la vida de los nicaragüenses.
“Es un retroceso muy importante. Se trata de la militarización del Estado, lo que es peligroso y atenta contra el sistema democrático de Derecho”, explicó Gabriel Álvarez.
A algunos analistas consultados en Managua las nuevas reformas de Ortega les recuerdan la forma de gobernar de la familia Somoza, que administró Nicaragua como una finca durante más de cuarenta años. Uno de los opositores más férreos de esa dictadura, hoy también crítico de Ortega, es el catedrático Carlos Tünnermann, quien en declaraciones a la revista de análisis político Confidencial, dijo que Ortega sigue los pasos somocistas para perpetuarse en el poder, aunque con algunas diferencias.
“Los Somoza lo que hacían era reformar de previo antes de irrespetar la Constitución. Se tomaban ese trabajo. Ahora están haciendo una reforma de cosas que Ortega irrespetó, a posteriori. Para la reelección, los Somoza reformaban con tiempo la Constitución, jamás se les ocurrió reelegirse con una sentencia, por eso es que la elección de Ortega es inconstitucional, porque la Corte no está facultada para declarar inaplicable un artículo de la Constitución”, explicó el analista, para quien Daniel Ortega quiere una Constitución “a su medida”, con la que “persigue consolidar un proyecto de continuismo”.
La reforma ya fue rechazada por la incipiente oposición de Nicaragua. Eduardo Montealegre, excandidato presidencial y líder de la Bancada Democrática en el Parlamento nicaragüense, dijo que “es muy difícil” que la oposición apruebe esa reforma, que representa un “retroceso” para el país.
El único que los analistas ven como positivo en la propuesta de Ortega, es la de incluir en la nueva Constitución los límites geográficos designados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, tras fallar a favor de Nicaragua en los diferendos limítrofes con Honduras, en 2007, y Colombia, en 2012. Este último un fallo que el gobierno de Juan Manuel Santos ha declarado “inaplicable”.
Dado que Ortega controla el Parlamento de Nicaragua es más que seguro la aprobación de las reformas, que podrían someterse a votación en diciembre, antes de las vacaciones de los diputados. “Es un día triste para Nicaragua y lo será aún más el día que aprueben las reformas”, dijo el veterano luchador contra la dictadura somocista, Carlos Tünnermann. EL PAIS
