Sacyr culpa de los sobrecostes de las obras de construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá a la deficiente información facilitada en los pliegos. Las diferencias geológicas y algunos cambios en las especificaciones son los que han generado esos costes extra que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) cifra en 1.625 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros). Estos han sido los grandes problemas de la obra:
Lodo en la ataguía
El consorcio tenía que construir una ataguía o presa provisional en la entrada al nuevo juego de esclusas en el lado del Pacífico para poder ejecutar las excavaciones, hormigonados y rellenos de las nuevas estructuras, bajo el nivel del mar, en seco y en condiciones de seguridad. Esa ataguía es, por ello, el primer trabajo el primer trabajo a realizar y se ejecuta directamente sobre las aguas del océano. la información del concurso decía que había material válido para cimentar la ataguía a 6 metros bajo el nivel medio del Pacífico. Pero al iniciar los trabajos de cimentación, GUPC vio que el terreno válido para la cimentación había sido dragado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y sustituido con el tiempo por los lodos de cimentación del río Cocolí. El consorcio tuvo que dragar los lodos, cimentar a 13 metros bajo el nivel del mar y construir una ataguía más ancha en la base y más alta de lo previsto, con un sobrecoste de 120 millones de dólares.
Basalto deficiente
Sacyr explica que las hipótesis de la ACP asumían que el propio basalto de las excavaciones del lado Pacífico serviría como fuente de los áridos para el hormigón de la obra, una vez machacado y procesado. GUPC adquirió e instaló una planta de machaqueo, pero vio que al fracturar el basalto se generaba una inesperada y excesiva cantidad de material fino de naturaleza plástica, lo que le produjo graves problemas. Eso supuso modificar las plantas de machaqueo, obligó a localizar y explotar nuevas fuentes de basalto y a llevar al vertedero los materiales inútiles. Sacyr considera que debido a que la naturaleza real del basalto no fue revelada en la licitación y sus propiedades eran imprevisibles, el consorcio tiene derecho a recuperar costes adicionales por 497 millones de dólares.
Hormigón para 100 años
La principal exigencia para el hormigón de las esclusas es tener una durabilidad de 100 años. Las especificaciones no indicaban una metodología particular para demostrar esa durabilidad, pero sí algunos criterios técnicos. La prueba de permeabilidad establecía un máximo de 1.000 culombios de corriente en un ensayo con un estándar internacional. Pero las especificaciones no concretaban la edad del hormigón a que debía realizarse la prueba, un requisito clave porque la mayoría de las propiedades del hormigón (entre ellas la impermeabilidad y resistencia al cloro) mejoran con el tiempo, según progresa el proceso de hidratación. GUPC asumió que el hormigón podría pasar la prueba con un año de edad, lo cual era bastante antes de que entrase en contacto con el cloro de la sal marina. Pero la ACP exigió, sin que figurara en los pliegos, que cumpliera esos requisitos en un plazo inferior, Por eso, rechazó la opción del consorcio, que tuvo que usar nuevas fórmulas con aditivos como humo de sílice, frecuente en hormigones de alta resistencia. Ese material hace más difícil trabajar con el hormigón, acelera el fraguado y aumenta el calor liberado, lo que obliga a añadir hielo a las mezclas y refrigerar los áridos. Todos esos problemas generaron sobrecostes y retrasos. Los problemas del hormigón junto a otros trastornos, interferencias y modificaciones han dado lugar a una reclamación de otros 880 millones de dólares.
Además de las reclamaciones económicas, el consorcio ha solicitado una prórroga del plazo de 16 meses, hasta febrero de 2016. Por los problemas con la ataguía o presa provisional, solicita 120 días de plazo, y por los del basalto y el hormigón, la extensión solicitada es de 365 días. por tanto, un total de 485 días sobre el plazo original para la entrega de la obra, que era el 21 de octubre de 2014.
No obstante, el plan de obra contempla que los trabajos concluyan el 30 de junio de 2015, con un retraso de 220 días, lo que Sacyr atribuye a "medidas de aceleración": más inversión, más equipos, más personal. Es decir, después de la fecha inicial, pero antes del retraso que considera justificado. Si GUPC logra que se le reconozcan los nuevos plazos, y acaba la obra en 2015 tendría derecho a una prima o bonificación de 215.000 dólares por cada día de adelanto, con un máximo de 50 millones de dólares. En cambio, si no se le reconoce ningún retraso justificado, la penalización es de 300.000 dólares por cada día de retraso, con un máximo de 54,6 millones de dólares.
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